9 presos en huelga de hambre
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Etxerat denuncia 'vulneración de derechos' en la cárcel Sevilla II

El colectivo ha informado sobre la huelga de hambre que comenzaron 9 reclusos del penal sevillano el pasado 28 de octubre para protestar contra las "condiciones muy extremas" en las que se encuentran.
Exterior de la cárcel Sevilla II. Foto: EiTB.

El colectivo de familiares de presos Etxerat ha señalado hoy que la huelga de hambre que desde hace 23 días llevan a cabo 9 reclusos en la cárcel Sevilla II se debe a las "vulneraciones de derechos" que padecen y ha atribuido la situación "únicamente a la dirección" del penal.

En una rueda de prensa, representantes de Etxerat han leído un comunicado en el que han dado cuenta de la huelga de hambre que mantienen nueve presos en el penal sevillano desde el 28 de octubre.

Entre ellos figura Juan Lorenzo Lasa Txikierdi, condenado por seis asesinatos, y Gurutz Agirresarobe, que cumple condena por asesinar en 2003 al jefe de la Policía de Andoain Joseba Pagazaurtundua.

La portavoz de Etxerat Onintza Lopez de Muniain ha detallado que otros cuatro presos del penal sevillano "no salen de sus celdas" a modo de protesta por las que ha denominado "condiciones muy extremas" que padecen los reclusos.

Asimismo ha indicado que presos de las cárceles francesas de Osny y Nanterre llevan a cabo "ayunos por turnos" que concluirán cuando termine la protesta de Sevilla.

Según el colectivo de apoyo a los presos, "la situación que ha originado la huelga de hambre registra es muy tensa desde hace cuatro años" y las conversaciones mantenidas con la dirección del penal "solo han conseguido prolongarla sin visos de solución".

Etxerat ha indicado que estos presos de Sevilla II "están siempre en el módulo de aislamiento, no les dejan realizar actividades y cuando salen al patio pasan por un detector de metales y les someten a un cacheo".

Han reclamado el "fin del aislamiento indefinido" y el reagrupamiento de los presos así como el "respeto a los derechos humanos" y el "fin del hostigamiento y de las agresiones".

El colectivo ha insistido en que la política de "dispersión" constituye un "marco que facilita las agresiones, el aislamiento y otras vulneraciones de derechos" que afectan a los presos y a sus familiares.

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