Astigarraga y Usurbil, zonas del mercado residencial tensionado

El Gobierno Vasco ha aprobado la declaración de Astigarraga y Usurbil como zonas del mercado residencial tensionado, una medida que busca combatir las dificultades de acceso a la vivienda en estas localidades cercanas a San Sebastián. 

Esta calificación, recogida en el Boletín Oficial del País Vasco y pendiente de publicación en el BOE, responde al fuerte aumento de los precios del alquiler y al porcentaje creciente de ingresos que los hogares deben destinar a la vivienda. En Astigarraga, las familias gastan en promedio el 31,2 % de sus ingresos en vivienda, mientras que en Usurbil los precios del alquiler han crecido casi un 20 % en cinco años.

La declaración activará durante tres años planes específicos para ampliar la oferta de vivienda, regular los precios del alquiler y reforzar las ayudas. Se contemplan acciones como nuevas promociones de vivienda protegida (más del 60 % del total en ambos municipios), regeneración urbana y el fomento de modelos como la vivienda con cuidados o alojamientos dotacionales. 

También se avanzan herramientas como el Índice de Precios de Referencia -previsto para finales de mes-, que permitirá limitar los precios de los nuevos contratos de alquiler, aplicando medidas más estrictas para viviendas vacías o no alquiladas recientemente.

Además, el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso ha señalado que "se refuerza la protección frente a desahucios y se habilitan prórrogas extraordinarias de contratos cuando las personas arrendatarias se encuentren en situación de vulnerabilidad", los ayuntamientos "aplicarán recargos en el IBI a las viviendas deshabitadas y preparan la implantación de un canon específico para penalizar los inmuebles vacíos de manera injustificada" y también se contemplan sanciones y posible expropiación de solares sin uso, y restricciones al uso turístico de viviendas. 

Se impulsará también la conversión de locales comerciales en viviendas y la ampliación de edificios existentes. Con esta estrategia, el Gobierno Vasco busca reforzar la protección frente a los desahucios, garantizar el derecho a la vivienda y frenar la presión que ejerce la capital donostiarra sobre su entorno metropolitano.