El Gobierno español aprueba la Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería tras la crisis migratoria en Ceuta
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta los anteproyectos de Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024.
Las iniciativas, aprobadas tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta a finales de este mes de julio, buscan crear "un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista” que responda a la nueva realidad migratoria sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias".
Entre las novedades de la Ley de Asilo, el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha destacado la actualización de las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, se incorporan expresamente realidades como la persecución por motivos de género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
¿Qué es el nuevo procedimiento de frontera?
La futura ley establece tres vías para tramitar las solicitudes de protección internacional: el procedimiento ordinario de examen, uno de examen acelerado —que deberá resolverse en tres meses— y un nuevo procedimiento de frontera.
Este último, previsto por la normativa europea y obligatorio en determinados casos, deberá resolverse en un máximo de 12 semanas. Durante ese tiempo, la persona solicitante permanecerá a disposición de las autoridades españolas.
Según Marlaska, esta medida es una cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y facilita el retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional.
¿En qué consiste la figura del triaje?
La reforma de la ley de extranjería incorpora la figura del triaje para las personas que llegan a España sin haber pasado los controles fronterizos. El control incluye un reconocimiento médico, una evaluación de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.
Aunque el reglamento europeo permite que este proceso dure hasta siete días, España establece un plazo de 72 horas, prorrogables únicamente por decisión judicial. De esta manera se pretende limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero debe permanecer en las instalaciones policiales.
La reforma también incorpora mecanismos del Pacto Europeo para tramitar en un máximo de 12 semanas los casos de personas llegadas de forma irregular que no tengan derecho a protección internacional.
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