Casi la mitad de trabajadores vascos podría quedarse sin convenio
Algo menos de la mitad de los asalariados vascos pueden quedarse sin la cobertura de un convenio colectivo para finales de año y sus condiciones laborales en último término quedarían bajo la referencia del Estatuto de los Trabajadores, según las estimaciones del Consejo de Relaciones Laborales (CRL).
El presidente del CRL del País Vasco, Tomas Arrieta, ha presentado este miércoles en Bilbao el informe sociolaboral 2012 que elabora este organismo y que incluye un avance de 2013 centrado especialmente en el "efecto 7 de julio", con la desaparición de la ultraactividad de numerosos convenios por aplicación de la reforma laboral.
Antes de esa fecha, el 96% de los asalariados vascos contaba con cobertura de convenio, ahora el porcentaje que ha bajado al 62%.
Arrieta ha explicado que a consecuencia del "tsunami" del 7 de julio pasado el número de trabajadores vascos que queda fuera de la negociación colectiva "se ha incrementado de una manera muy notable" y ha pasado de ser solo 21.579, un 4%, a 227.352 asalariados, un 38% de los algo más de 600.000 asalariados vascos.
Y una proyección en base a los convenios que dejarían de estar vigentes a 31 de diciembre indica que hay que añadir otros 123.516 trabajadores afectados a estos 227.352 empleados sin cobertura de convenio colectivo, lo que supondría superar el 50%.
No obstante, si se tienen en cuenta que algunos de estos trabajadores quedan bajo el efecto de convenios de ámbito estatal o de otro convenio vasco, serán algo menos de dos tercios de los 123.516 asalariados los que se quedarían sin cobertura colectiva.
Arrieta ha vuelto a insistir en la "complicada" coyuntura que atraviesa la negociación colectiva en Euskadi, y ha anunciado que transmitirá a sindicatos y patronal la "conveniencia" de retomar las negociaciones para lograr un acuerdo interprofesional que proteja los convenios que se acuerden para dotarles de valor jurídico.
También ha alertado de la "alta judicialización" de las relaciones laborales que ya se están dando en demanda del mantenimiento de derechos laborales y la vigencia de los convenios.
En su opinión, una respuesta judicial no es "adecuada" porque generará "una diversidad y dispersión de soluciones que costará unificar" y provocará un escenario "de inseguridad".
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