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La juez archiva la causa por las presuntas irregularidades en la UAGN

Sostiene que no se ha acreditado que los hasta ahora investigados 'hayan obtenido un beneficio económico personal en esta gestión'.
UAGN EiTB
UAGN, Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Foto de archivo: EiTB

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona ha archivado las diligencias abiertas por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental por supuestas irregularidades por parte de responsables de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) en la realización de cursos subvencionados por el Gobierno de Navarra.

El procedimiento se incoó tras una denuncia en la que se ponía de manifiesto que la organización agraria, su fundación Fundagro y la asociación AMUR, "habían cometido irregularidades" en la realización de cursos subvencionados por el Ejecutivo foral, que habrían consistido en la falsificación de firmas de supuestos asistentes a los cursos e incluso la justificación de acciones formativas que realmente no habrían tenido lugar.

En el auto, que puede ser recurrido, la juez sostiene que no se desprende que en el presente caso, los responsables de Fundagro y la Asociación de Mujeres Rurales de Navarra, con respaldo de la UAGN, "hubieran articulado una maquinación fraudulenta con el único fin de causar engaño al Gobierno de Navarra y así obtener un enriquecimiento injusto".

Por otro lado, la juez sostiene que no se ha acreditado que los hasta ahora investigados "hayan obtenido un beneficio económico personal en esta gestión". Los proyectos existían y se ejecutaban tal y como ha quedado probado en la documental analizada, si bien concluye que se produjeron "irregularidades" en la elaboración de los expedientes que debían justificar la obtención y destino de las subvenciones.

Precisa, no obstante, que desde el punto de vista penal, "las irregularidades denunciadas no tienen la entidad suficiente para considerarlo un fraude en la obtención de fondos públicos".

Respecto a los responsables, indica que "no es posible exigir a los miembros de la junta una responsabilidad penal en tanto en cuanto los proyectos se les presentaban auditados y justificados". Al respecto puntualiza que "más bien al contrario", que queda "claro cómo llevaron a cabo acciones para devolver el importe recibido y evitar a futuro incidencias similares".

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