El Ministerio de Hacienda adelanta la entrada en vigor del impuesto a las grandes fortunas
El Ministerio de Hacienda ha adelantado a 2022 la entrada en vigor del impuesto de "solidaridad" para las grandes fortunas, con el que el Gobierno de España espera recaudar 3000 millones en dos años, según fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero. Hasta ahora, el Gobierno de España había asegurado que el impuesto entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024.
Con este cambio, el nuevo tributo estará en vigor durante los años 2022 y 2023 para que la recaudación tenga efectos en 2023 y 2024, coincidiendo con la liquidación de dicho impuesto. Tras estos dos años, el Gobierno evaluará si lo mantiene o no.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió ayer de que el impuesto tendría que entrar en vigor ya este mismo año, dado que el plan presupuestario remitido por el Gobierno de Sánchez a Bruselas hace unas semanas recoge que la recaudación de ese nuevo tributo tendrá ya efectos en 2023. Concretamente, la AIReF prevé una recaudación para el próximo año de 1270 millones de euros y de 1370 millones para 2024.
La intención de Hacienda es aprobar, por tanto, el nuevo impuesto a las grandes fortunas antes del 31 de diciembre de este año para que pueda entrar en vigor en 2022, y una de las opciones que baraja es introducirlo como enmienda a la proposición de ley que tramita en estos momentos el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y entidades financieras.
El nuevo impuesto sobre grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los tres millones euros, con tres tramos: 1,7 % a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1 % a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5 % a partir de 10 millones.
Impuesto a energéticas
Por otro lado, el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que la energética dará batalla en los tribunales si el Gobierno español decide seguir adelante con su impuesto sobre las energéticas, consistente en poner un gravamen del 1,2 % a las ventas de las grandes empresas del sector.
El directivo considera que el impuesto, tal y como está planteado por el Gobierno español, "va contra las directivas europeas, que dicen claramente que es un impuesto que tiene que ver con los beneficios extra, y no es el caso que se da en España". "No habla sobre ingresos, sino sobre beneficios extra", ha añadido.
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