¿Qué es el caso Leire Díez y de qué acusa ahora el juez Pedraz al PSOE?

La Audiencia Nacional investiga a la exmilitante socialista, Leire Díez, el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

Hasta ahora el procedimiento se dirigía contra Díez, Fernández y Alonso, quienes habrían formado un grupo autodenominado Hirurok (nosotros tres, en euskera) que se habría dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros", para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública.

Entre 2021 y 2023 habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones", según la investigación.

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700 000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asumió las pesquisas del caso el pasado mes de diciembre tras la detención de Díez, Fernández y Alonso, y a principios de mes prorrogó un mes más el secreto de sumario.

Ahora, Pedraz ha ampliado la causa y ha decidido imputar también al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el empresario Javier Pérez Dolset por presuntos pagos a Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

El magistrado les acusa de delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Por estos mismos delitos Pedraz investiga también al abogado Ismael Oliver —el que fuera abogado del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García— al letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

¿Qué dice el auto?

Según el auto de Pedraz,  los investigadores tienen constancia de al menos otras 17 reuniones entre Cerdán y Díez en una ubicación desconocida o fuera de la sede del PSOE, y el  "punto de inflexión" se sitúa en el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", escribe Díez en unas anotaciones manuscritas que recoge el auto, donde se explica que Cerdán sabía que esa militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales.

Desde ese momento, el "grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez" tiene como "objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno".

Asimismo, el magistrado apunta a "intentos de soborno" autorizados por Díez al fiscal José Grinda o a la empresaria Carmen Pano, investigada en un caso de hidrocarburos, que dijo haber llevado 90 000 euros en efectivo a Ferraz.

Pedraz habla de pagos de 125 000 euros "provenientes del PSOE" al abogado Jacobo Teijelo, que habló a uno de los miembros de la supuesta trama, Javier Pérez Dolset, sobre posibles nulidades en un procedimiento relacionado con la trama de los hidrocarburos.

También se detalla un intento de soborno al fiscal de Anticorrupción Jose Grinda, de quien pretendían que diese información sobre el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón o que instase al archivo de causas que dependían de él, a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o de un ofrecimiento de trascendencia económica.