Los pactos ilícitos son "abundantes" en la contratación pública, según Competencia
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha asegurado que en las licitaciones públicas se da "un escenario de tormenta perfecta de facilidad de colusión (pactos ilícitos entre empresas para limitar la libre competencia en el mercado) porque una vez publicados los pliegos del contrato la administración no tiene capacidad de negociación". Así, el vocal de la ACV, Rafael Iturrriaga, ha admitido que, en este contexto, la colusión "no es la regla ni la excepción, pero es muy abundante" y puede ocurrir "a espaldas o con colaboración de la administración".
Iturriaga ha comparecido ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, a petición de Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, para valorar la multa de 6,3 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado (CNMC) a un cártel de consultorías (22 empresas en total) por repartirse de forma irregular y durante al menos 10 años los contratos públicos de varias administraciones, entre ellas los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, el Gobierno Vasco o la Diputación de Bizkaia. Aunque la resolución final fue adoptada por el órgano estatal la investigación partió de la AVC, que derivó el caso al comprobar que podía extenderse a otras comunidades autónomas. Junto a Iturriaga ha comparecido también la presidenta de la AVC, Alba Urresola, y el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Luis Bilbao.
Según Iturriaga, en la administración pública existe una tolerancia o connivencia basada en la "creencia de estar haciendo algo correcto" como contratar al que lo ha hecho bien en otras ocasiones, al que tiene experiencia o a una empresa local sin mayores argumentos, pero hay otra connivencia "totalmente conspirativa y engañosa", que "no pasaría del 20 %" de los contratos.
"Si hay prácticas colusorias algo ha fallado, pero no quiere decir que haya fallado dentro de la Administración", ha dicho Iturriaga, que cree no obstante que "hace falta un cambio de cultura en la contratación pública" y que las instituciones deben "velar" por el cumplimiento de la legalidad y alertar de posibles prácticas irregulares.
Por su parte, el presidente del TVCP, José Luis Bilbao, ha afirmado que, en los 154 informes de fiscalización emitidos por la institución en los últimos seis años, "no se ha detectado ningún comportamiento reprochable" a las diferentes administraciones en relación con el cártel de consultorías. Bilbao ha recordado que la entidad que preside trabaja en el ámbito público "no puede ni debe entrar en los comportamientos de las empresas privadas" porque "no es su función". Por último, ha rechazado que tenga que dar explicaciones sobre sus relaciones personales con posibles implicados en el cártel. "Yo no tengo que explicar a nadie qué amigos tengo o dejo de tener o con quién un día me tomo un pote o lo dejo de tomar. Ese es mi problema exclusivamente", ha defendido.
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