Una Ley de Participación Institucional "afianzará el diálogo social" en la CAV
La mesa de diálogo social ha aprobado crear un grupo de trabajo para elaborar unas bases conjuntas para la elaboración de una propuesta de Ley de Participación Institucional en Euskadi, con la que se pretende "afianzar" el diálogo social en el País Vasco y dotarlo de seguridad jurídica.
Estos son algunos de los contenidos del Plan de Trabajo para 2022 que, con 30 líneas de actuación, se ha aprobado en la reunión de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi celebrada en Vitoria-Gasteiz, con la presencia de Gobierno Vasco, CC. OO., UGT y Confebask.
Los miembros de la mesa han subrayado que el diálogo social es "ya una realidad asentada" en la comunidad autónoma, a pesar de que hasta la fecha no han participado ELA y LAB, dos de las principales centrales.
Los integrantes de la Mesa de Diálogo Social han recordado que ya se reflexionó en su momento sobre la conveniencia de crear una norma con rango de ley que regulara la participación institucional de los organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno Vasco en los procesos de diseño de las políticas públicas sobre relaciones laborales y negociación colectiva.
En este sentido, sus miembros consideran que el recorrido y la importancia de los acuerdos firmados en el marco del diálogo social habilitan la apuesta por una "reflexión más profunda" para tener en Euskadi una Ley de participación institucional, "que sitúe al Diálogo Social al mismo nivel normativo que el de otras comunidades autónomas que ya disponen de dicha norma".
A su juicio, la participación institucional, regulada a través de una Ley, debe posibilitar el "necesario" debate político, público y transparente sobre "el papel que desempeñan los agentes sociales en una sociedad democrática".
Asimismo, creen que ley de participación institucional debe servir para afianzar el diálogo social dotándolo de "una mayor seguridad jurídica".
Entre las medidas acordadas está la creación de diversos subgrupos sectoriales, entre ellos, uno para hacer seguimiento del primer Plan de Gestión de Inspección de Trabajo en el País Vasco, de próxima aprobación.
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