La Carta de Derechos Sociales llama a manifestarse el día 26 en defensa del poder adquisitivo

La denominada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha convocado para el próximo 26 de mayo manifestaciones en las capitales de Hego Euskal Herria con el fin de defender el poder adquisitivo de salarios, pensiones y prestaciones sociales", y repartir, así, la riqueza para garantizar una vida digna.

"Nos dijeron que la inflación del año pasado (6,5 %) era coyuntural. No era cierto. Y ahora, cuando el IPC interanual ha alcanzado el 9,8 %, nos dicen que es culpa de Putin y de la guerra de Ucrania. Tampoco es cierto", afirman en un comunicado. 

En ese sentido, los agentes que conforman la Carta de Derechos Sociales han subrayado que "el 70 % de la subida de precios se había producido antes de la guerra de Ucrania" y han destacado que el origen de la inflación "es estructural, ya sea por la especulación propia del sistema capitalista o por el sistema de fijación de los precios de la electricidad".

Según apuntan, "los poderes económicos y políticos quieren seguir extendiendo la pobreza, que la riqueza se acumule cada vez en menos manos y, por lo tanto, empobreciendo aún más a la mayoría de la población, atacando el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras y ciudadanos y ciudadanas". Asimismo, añade que rebajar los impuestos supondría "reducir aun más" el sistema público, que "están derribando".

Por ello, ha decidido "poner en marcha una dinámica de movilización" con manifestaciones el día 26 en las capitales de Navarra y Euskadi. Todas ellas partirán a las 19:00 horas. En Vitoria-Gasteiz saldrá desde la Virgen Blanca; en Bilbao, desde el Arriaga; en San Sebastián, comenzará en el Boulevard y en el caso de Pamplona, en la Antigua Estación de Autobuses.

Entre otras cosas exigirán salarios y pensiones con una subida del IPC real, así como el control y limitación de los precios de todos los productos energéticos. También pedirán la publificación y el control público y social del sector energético, un cambio en el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, la eliminación de los "peajes clandestinos" que reciben las compañías eléctricas y una hoja de ruta para planificar democráticamente la transición energética.