Italia investiga 'contactos' entre ONGs y traficantes de personas

Italia está decidida a combatir a las redes de tráfico de personas que campan por el descontrolado litoral de Libia, desde donde zarpó el 97 % de los 95.215 inmigrantes que llegaron a Italia en lo que va de año.

Con este objetivo, las autoridades italianas, con apoyo de la Unión Europea (UE),  han propuesto un código de conducta a las organizaciones humanitarias con una serie de normas para regular sus operaciones.

El código prohíbe a las organizaciones humanitarias acceder a aguas territoriales de Libia, hacerse detectar por radares o emitir señales lumínicas que delaten su posición a los traficantes de personas.

Además, entre otras cosas, les exige transparencia en sus fuentes de financiación, que permitan el acceso a sus barcos de oficiales armados y que no trasladen a los rescatados a otras embarcaciones sino que los lleven a tierra firme.

El ministro del Interior de Italia, Marco Minniti, ha afirmado que las ONG que quieran seguir operando en el Mediterráneo "deberán firmar el código de conducta". Save the Children, Moas o Proactiva Open Arms ya lo han hecho.

Sin embargo, Médicos Sin Fronteras no han querido firmar el código, aduciendo que no aceptará funcionarios armados en sus barcos. "MSF no tiene problema con la presencia de funcionarios a bordo, pero sí con las armas. Trabajamos a diario en todas partes del mundo para impedir que las armas entren por ejemplo en nuestros hospitales (...)", han manifestado en un comunicado.

Las autoridades italianas impidieron ayer a una embarcación de MSF desembarcar a 127 personas rescatadas en el Mediterráneo en la isla de Lampedusa (sur).

Una ONG alemana, bajo investigación

Otra ONG que se ha negado a secundarlo ha sido la alemana Jugend Rettet, cuyo buque Iuventa, permanece retenido por las autoridades italianas desde pasado 2 de agosto.

Agentes italianos proceden a incautar el Iuventa, el pasado 2 de agosto. EFE

El fiscal de Trapani (sur de Italia), Ambrogio Cartosio, ha iniciado una investigación a consecuencia de los "graves indicios" de contactos entre la tripulación y los traficantes de personas al menos en tres ocasiones: el 10 de septiembre de 2016 y el 18 y el 26 de junio de 2017.

La Fiscalía ha podido comprobar cómo los traficantes de seres humanos escoltaban a inmigrantes a través de las aguas libias y los "entregaban" a la tripulación del barco de la ONG alemana.

Por el momento, no hay ningún imputado y la ONG alemana ha anunciado que presentará un recurso ante la Justicia para poner fin a la situación.

Misión en aguas libias

El citado código de conducta forma parte de plan adoptado por el Gobierno de Paolo Gentiloni. Se trata de una misión naval con la que se adentrará y patrullará las aguas territoriales de Libia junto a las autoridades locales, con el objetivo de combatir a los traficantes de personas y controlar así el flujo migratorio.

La operación, que se desarrollará hasta el 31 de diciembre frente a Trípoli, prevé el envío de una patrullera y otra embarcación con aparatos logísticos para reparar barcos de la Guardia Costera Libia, aunque no se ha descartado mandar en el futuro otros medios navales.

La decisión de Italia ha sido criticada en el este de Libia, que considera que esta supone una violación de la soberanía del país. De hecho, las fuerzas del Ejército Nacional Libio (ENL) han anunciado que están preparadas para atacar cualquier embarcación que no sea comercial y entre en aguas libias sin permiso.

Italia matiza que la intención es enviar las dos embarcaciones a aguas frente al oeste de Libia, lejos de donde se encuentran las fuerzas del este.