Por la Fiscalía de Araba
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Exdirectivos de Epsilon Euskadi, denunciados por alzamiento de bienes

El Gobierno Vasco ha tenido que pagar a Kutxabank 16 millones de euros por un aval que concedió a la empresa creada por Villadelprat que, además, recibió 50 millones en créditos y subvenciones.
Epsilon Euskadi nació para ser referencia internacional en el sector automovilístico. EiTB.
Epsilon Euskadi nació para ser referencia internacional en el sector automovilístico. EiTB.

La Fiscalía de Araba ha decidido denunciar por un presunto delito de alzamiento de bienes al que fuera máximo responsable de Epsilon Euskadi, Joan Villadelprat, y al exdirector financiero de la compañía, Mark Payne, según publica en su edición de este martes el periódico El Correo.

El Ministerio Público abrió el pasado mes de febrero una investigación sobre el proceder de ambos ejecutivos en la liquidación de la compañía que, al parecer, ha arrojado indicios de la posible comisión de dicho delito.

Epsilon Euskadi fue impulsada por el Gobierno Vasco con el fin de hacer de la empresa, ubicada en el parque de Miñano, un referente internacional en tecnología automovilística, pero la firma se encuentra actualmente en proceso de liquidación.

El Gobierno Vasco ha tenido que pagar a Kutxabank, a través de la Spri, 16 millones de euros por un aval que el gabinete Ibarretxe concedió a la empresa creada por Villadelprat que, además, recibió cerca de 50 millones en créditos y subvenciones, la mayor parte de las mismas del Gobierno central.

Pérdidas de 8 millones de euros

Los hechos investigados por la Fiscalía se remontan al momento en que Epsilon Euskadi, acuciada por las deudas y sin posibilidad de remontar por sus pérdidas de 8 millones de euros, solicitó, a finales de marzo del año pasado, el preconcurso de acreedores.

Al parecer, pocos días después, la firma vendió toda su división deportiva a una compañía llamada Epic Racing, una compañía creada apenas un mes antes y al frente de la cual figuraba como administrador único Mark Payne.

Además, Villadelprat hizo caso omiso de la negativa del Gobierno Vasco a que se vendiera ese área deportiva. Según datos de la investigación, la operación se habría cerrado en 200.000 euros, mientras que la Fiscalía valoró en 1,1 millones esa división.

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