Las claves de la futura ley de trata: cárcel para quienes hagan uso de la explotación

El anteproyecto de la ley integral contra la trata, aprobado en el Consejo de Ministros del Gobierno de España, plantea penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien haga uso de servicios o prestaciones de las víctimas, entre las que destacan las mujeres forzadas a prostituirse, y garantiza a las víctimas una asistencia integral, con autorizaciones de residencia y trabajo provisionales.

Entre las formas de explotación se mencionan la esclavitud, la servidumbre y los trabajos o servicios forzosos, la mendicidad, la realización de actividades delictivas, la prestación de servicios sexuales o reproductivos, la extracción de órganos o tejidos y los matrimonios o las uniones de hecho forzadas.

Reformas penales

El anteproyecto reorganiza y precisa en el Código Penal la persecución de la trata y la explotación de seres humanos, tipificando los delitos de trabajos forzosos, servidumbre y esclavitud.

También se tipifica la utilización de estas formas de explotación. Así, por ejemplo, quien haga uso de servicios sexuales prestados por una víctima de trata será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años.

Proceso de reconocimiento de las víctimas

El anteproyecto crea un mecanismo para detectar, identificar y proteger a la víctimas, que en ningún caso estarán obligadas a denunciar o a participar en la investigación penal para.

En cuanto se aprecien indicios, la víctima será derivada a un centro de primera acogida y se iniciará el procedimiento de identificación formal.

Reforma de la ley de extranjería

Con la reforma de esta ley, las víctimas sin papeles podrán solicitar autorización temporal de residencia y trabajo. En la actual ley, para ello se sitúa en primer lugar la colaboración con la policía.

El anteproyecto apuesta por el retorno asistido voluntario de las víctimas a sus países de origen.

Derechos e indemnizaciones

Entre el apoyo que recibirán las víctimas se encuentra un alojamiento apropiado y seguro, recursos básicos de subsistencia, asistencia médica y psicológica, asistencia social y asesoramiento legal. Se protegerá su privacidad y su identidad y tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita.

Tras su identificación definitiva tendrán derecho a la inserción social y laboral, a acceder al ingreso mínimo vital y a recibir una indemnización económica, que puede obtenerse de los tratantes o explotadores, en el marco del proceso penal.

Sensibilización e inspectores especializados

Se plantean medidas específicas para la concienciación, en especial en algunos sectores de economía sumergida como servicio doméstico u hostelería, y la formación de los inspectores de Trabajo.