'Interior pudo haber prevaricado al denegar ayudas a víctimas del GAL'

El catedrático de Derecho Penal de la UPV y autor de un informe sobre ayudas a víctimas de los GAL y otros grupos terroristas, Ignacio Muñagorri, ha apuntado hoy que el Ministerio del Interior y su titular, Jorge Fernández Díaz, han podido prevaricar al denegar y revocar ayudas a este colectivo.

Muñagorri ha comparecido hoy ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para presentar las conclusiones de este informe encargado por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Vitoria al Instituto Vasco de Criminología.

Este informe fue solicitado después de conocerse que al menos una decena de víctimas de los GAL y de otros grupos como el Batallón Vasco Español y la Triple A han denunciado que en el último año el departamento de Fernández Díaz ha rechazado ampliar las indemnizaciones que perciben.

La Ley de Víctimas de 2011 actualizó y amplió las ayudas para las víctimas del terrorismo que recogía la legislación anterior, de 1999, pero en 2012 se modificó esa ley y se introdujo una disposición transitoria para evitar que personas condenadas por acciones terroristas puedan percibir esas indemnizaciones.

Esta reforma se hizo al amparo de un convenio europeo que establece que no podrán cobrar ayudas aquellos que participen "en la delincuencia organizada" o pertenezcan a "una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos".

El Gobierno Vasco tiene constancia de que una treintena de víctimas se han visto afectadas al haber rechazado el Ministerio sus solicitudes. Al menos a cinco se les ha dado la razón y han visto ampliadas sus ayudas, mientras que al menos una decena de solicitudes han sido denegadas y el resto de casos están aún por resolver.

Muñagorri: "Las denegaciones violan el fondo y la forma del principio de legalidad"

El Gobierno Vasco solicitó el informe presentado hoy en el que se señala que las resoluciones del Ministerio y de su titular por las que se deniegan las ayudas no tienen encaje en la Constitución, son "arbitrarias" e "ilegales".

Muñagorri ha explicado que en estas denegaciones se ha podido producir un "ilícito penal grave", recogido en el artículo 404 del Código Penal, que hace referencia a la prevaricación.

Ha asegurado que del estudio de los casos se constata una "barbarie" por la "violación y vaciamiento de contenidos constitucionales básicos", que han dejado "perplejos y horrorizados" a los autores del mismo.

Básicamente, en el informe se critica que informes policiales se eleven a categoría de prueba de cargo para denegar las ayudas por el mero apunte de que un solicitante sea "simpatizante de la izquierda abertzale" o que perteneciera a una formación política, en su momento legal, como Herri Batasuna en 1980, en algún caso.

El catedrático ha añadido que las denegaciones "violan el fondo y la forma del principio de legalidad" y el principio de presunción de inocencia, porque no es posible que un expediente administrativo, basado en un informe policial, sirva para "determinar delitos o culpabilidades".

A juicio de Muñagorri, con estas resoluciones de Interior se produce una "interpretación degradada e ilegal" del convenio europeo, ya que para denegar esas ayudas tiene que haber una sentencia judicial firme por participación en actividades terroristas.

El catedrático se ha mostrado convencido de que esta cuestión se resolverá en los tribunales, pero ha lamentado que el procedimiento pueda alargarse en el tiempo ya que podría llegar hasta el Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.