Lasa y Zabala: 30 años que la cal no ha borrado de la memoria

Baiona, el palacio donostiarra de La Cumbre y Busot (Alicante). Son las dos cruentas paradas y el fatal final que tuvo el macabro y siniestro viaje planificado y ejecutado desde las cloacas del Estado para Joxean Lasa Arostegi y Joxi Zabala Artano, miembros de ETA fugados tras una operación contra la banda.

El terrible destino final de los dos jóvenes fue ideado y llevado a cabo por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), concretamente, según la sentencia de la Audiencia Nacional del 26 de abril de 2000, por el gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, el comandante del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo, el capitán Ángel Vaquero, el sargento Enrique Dorado y el agente del instituto armado Felipe Bayo. A día de hoy, ninguno de los cinco condenados se halla en prisión, aunque en un interminable y convulso juicio celebrado durante el ocaso del siglo pasado les impusieron una pena total de 365 años de reclusión.

Baiona-Donostia

Las primeras víctimas mortales en la lista de 27 muertos que dejó la guerra sucia practicado por los GAL fueron dos tolosarras de 20 y 21 años que llevaban poco tiempo huidos al otro lado de la muga. Aún así, a ojos del pez gordo del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo, Lasa y Zabala eran "dos peces medianos". Esa fue la expresión que utilizó el general para referirse a los dos cautivos ante el gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, cuando se encontraban  de camino a Donostia desde el hospital de Arrasate, adonde se habían desplazado a visitar a los heridos en un atentado en Oñati la misma noche de la desaparición, una madrugada del 16 de octubre de hace tres décadas. Según las fichas policiales de la época, Lasa estaba acusado de realizar un robo con fuerza y causar un fuego con estragos en su localidad natal, Tolosa, y a Zabala se le imputaba ese mismo robo con fuerza.

Los primeros eslabones de una larga cadena con aún difuso final actuaron en la calle Tonneliers de la parte vieja de Baiona la noche del 15 de octubre de 1983, interceptando a Lasa y Zabala cuando se dirigían al coche que un amigo les había prestado. Llevaban todo el día alerta, pues eran conscientes de que otro vehículo llevaba horas vigilándolos en una zona en la que el cerco a los exiliados iba en claro aumento día tras día en aquellos años.

El periodista Jean Chalvidant relata la desaparición de los jóvenes

Desde allí, fueron trasladados al misterioso palacio donostiarra de La Cumbre, propiedad del Ministerio español de Interior, donde les realizaron interminables interrogatorios y los torturaron salvajemente para sacarles información. Hubo que esperar tres meses para saber de su funesto paradero: el 21 de enero de 1984, un hombre habló con una locutora de Radio Alicante para decir, tras anunciar que hablaba en nombre del grupo parapolicial GAL, que la víspera habían "ejecutado" a los dos jóvenes en un paraje del pueblo de Busot, en Alicante. Según explicó el comunicante, los jóvenes habían solicitado la presencia de un cura ante su inminente final, pero ellos desestimaron la petición por creer que no lo merecían.

Alicante

Lasa y Zabala hicieron el trayecto que les llevaría a la muerte en un campo de Alicante maniatados, amordazados y con los ojos vendados, conducidos, primero en coche y luego a pie, por Dorado, Bayo y otras personas, como se puede leer en la sentencia. Allí, le descerrajaron dos tiros en la cabeza a Zabala y uno a Lasa, con una pistola Browning. Una vez muertos, fueron arrojados a sendas fosas que les habían obligado a cavar a ellos mismos, y los asesinos, para evitar la ignominia, intentaron acelerar la desintegración de los cuerpos enterrándolos bajo 50 kilos de cal viva y tierra.

Toda culpa y miseria quedó soterrada, en silencio, a buen recaudo de los ojos de aquellos ávidos de justicia, tan enterrada como los dos cuerpos envueltos en 50 kilos de cal viva. La cal corroyó, borró, el eco de la tropelía cometida, al igual que parte de los restos sepultados.

Pili Zabala imagina los últimos minutos de vida de su hermano Joxean y Joxi Zabala

Los cuerpos tardaron un año en ser localizados, y fue el azar quien lo hice posible: un ciudadano de nombre Ramón Soriano se encontraba cazando por la zona, cuando le pareció ver unos restos en el suelo, seguramente esparcidos por alimañas. En los alrededores, pudo dar con las fosas y los restos óseos que estas encerraban, sacados a la superficie por la erosión del terreno y el inexorable paso del tiempo. Dichos restos se encontraban, además, en un estado casi perfecto de conservación gracias, irónicamente, a la acción de la cal viva. Como explica el forense guipuzcoano Francisco Etxeberria, la acción de la cal, que absorbe el agua, y el hecho de que los cuerpos hubieran perdido mucha sangre antes de morir hicieron que los cuerpos se deshidrataran y resecaran, se momificaran, por lo que se encontraban preservados de una manera casi ideal.

En los cadáveres, sepultados desnudos, y en las inmediaciones de la tumba, encontraron restos de mercromina, gasas y vendas y otros rastros, como pueden ser la falta de las uñas de las manos, que indicaban claramente, según el forense Antonio Brú, autor del primer informe realizado tras el hallazgo, que los jóvenes habían recibido torturas y les habían infligido terribles heridas antes de morir.

Los cuerpos no fueron identificados, y pasaron por casualidad, porque nadie cumplió la orden de retirarlos al osario, diez años en un depósito del cementerio municipal de Alicante, hasta que, en 1995, el agente de policía Jesús García García comenzó a deshacer el embrollo, partiendo de informaciones leídas durante aquellos días sobre el modo de obrar de los GAL y las personas que estos Grupos Antiterroristas de Liberación habían hecho desaparecer durante su periodo de actividad, desde 1983 hasta 1987.

En plena batalla electoral con el PSOE, el PP puso por aquel entonces en primera línea de la actualidad el tema de la guerra sucia, con la intención de desacreditar a los socialistas. Ese tipo de informaciones levantaron las sospechas de García, pues supo, gracias a ellas, datos como que el GAL utilizaba cal viva para acelerar la descomposición de los cadáveres de aquellos a los que mataba, que estos grupos parapoliciales usaban balas de la misma marca de las encontradas junto a los cuerpos que descansaban en una morgue en el cementerio local, conoció fechas y listas de víctimas que podían concordar con el origen de los cuerpos de Lasa y Zabala... El círculo se fue cerrando en la cabeza de Jesús García, y llegó a la conclusión que los cuerpos hallados diez años antes en el páramo alicantino no eran otros que los de los dos miembros de ETA tolosarras.

Cuatro años después, García falleció al sobrevenirle un ataque al corazón en plena sesión del agitado juicio por el caso en la Audiencia Nacional. De cualquier modo, su iniciativa y el trabajo de Francisco Etxeberria fueron las claves que vertebraron la resolución de uno de los casos más oscuros de la guerra sucia. Concluyeron, en marzo de 1995, que los cuerpos eran, sin lugar a dudas, los de Lasa y Zabala.

El forense Francisco Etxeberria cuenta cómo fue la identificación de los cuerpos

Euskal Herria

La identificación de los cuerpos agitó las calles en Euskal Herria, y las protestas se sucedieron a lo largo y ancho del territorio. En junio de 1995, cuando trasladaron los cuerpos de Lasa y Zabala para enterrarlos en Tolosa, el desasosiego era palpable. En dos dantescas escenas, La Policía Nacional cargó contra los congregados en el aeropuerto de Hondarribia para recibir los féretros, y, unas horas más tarde, la Ertzaintza hizo lo propio contra los familiares de Lasa y Zabala en el cementerio de Tolosa; hubo decenas de heridos. El juez instructor, Carlos Bueren, había dado la orden de impedir cualquier tipo de homenaje a los fallecidos y proceder directamente a enterrarlos.

Madrid

El caso fue objeto de un interminable y confuso recorrido por los juzgados. En marzo de 1993, el juez Bueren tomó el mando para instruir la causa, que un año más tarde, tras solicitar este una excedencia, pasó a ser responsabilidad de Javier Gomez de Liaño. Fue él quien procesó a Galindo, Elgorriaga, Dorado, Bayo, Vaquero, el secretario de estado de Seguridad Rafael Vera, el teniente de la Guardia Civil Pedro Gomez Nieto y Jorge Argote, abogado del Ministerio del Interior.

El 19 de enero de 2000, un testigo protegido de sobrenombre Txofo dijo al juez que el exsargento Dorado le había reconocido haber sido autor de los hechos junto a Bayo. Unos días más tarde, el agente de policía Ángel López Carrillo afirmó que Elgorriaga le contó que él y Galindo estaban implicados.

Finalmente, el 26 de abril de 2000, la Audiencia Nacional dio a conocer la sentencia del caso: condenó a Galindo y Elgorriaga a 71 años de prisión, a Vaquero a 69 y a Dorado y Bayo a 67 años y 8 meses, por dos delitos de asesinato y detención ilegal. Por su parte, Vera y Argote fueron absueltos.

Unos meses más tarde, el juez del Tribunal Supremo Joaquín Giménez aumentó en cuatro años todas las penas de los condenados, entendiendo, además de todo lo anterior, que el prevalimiento de su cargo público era un agravante añadido. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Constitucional en julio de 2002.

Estrasburgo

El 2 de noviembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló las decisiones de los tres tribunales españoles en este caso. A juicio de la corte europea, las pruebas recopiladas eran suficientes para enervar la presunción de inocencia de los condenados y el derecho a la defensa estuvo garantizado en el proceso.

Epílogo

Los condenados solo han completado una pequeñísima parte de las penas. Bayo y Dorado son los que más tiempo han pasado en la cárcel: los recluyeron en 1995 y les concedieron el tercer grado penitenciario en 2002. El gobernador civil de Gipuzkoa, Elgorriaga, fue liberado por problemas de salud un año después de entrar en Alcala-Meco en 2000. Galindo y Vaquero también pasaron poco tiempo entre rejas. El primero salió de la cárcel en 2004, para cumplir el resto de la pena en su domicilio, y en 2005 le concedieron el tercer grado. Además, le ha sido recientemente otorgada la libertad condicional, "por buena conducta". Vaquero, por su parte, goza desde 2005 de régimen abierto.

Pili Zabala reflexiona sobre las tibias consecuencias judiciales del caso

La cal no fue suficiente para esconder definitivamente en aquel terreno de Alicante los cuerpos de Lasa y Zabala, no bastó para sepultar la verdad, y una nebulosa ha rodeado las consecuencias políticas y judiciales de aquel caso, que han quedado sensiblemente mitigadas y atenuadas; solo han sobrevivido a la cal y al paso del tiempo unas pocas responsabilidades, el recuerdo y profundas heridas.

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