Urkullu: El pacto de la Ertzaintza es fruto de una relación bilateral
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno español para la renovación de plazas en la Ertzaintza es fruto de una "relación bilateral", de "igual a igual", entre los Ejecutivos central y vasco, que ha confiado en que pueda trasladarse al resto de cuestiones que afectan al autogobierno de Euskadi.
El lehendakari ha realizado estas declaraciones dentro de la iniciativa #UrkulluTopaketa, en la que está contestando a través de las redes sociales a preguntas registradas por la ciudadanía. Urkullu se ha felicitado por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Rajoy, que resuelve el conflicto generado con los recursos contra las dos últimas convocatorias de empleo público en la Ertzaintza, correspondientes a las promociones 25 y 26 de la Policía autonómica.
Los recursos se basaban en que, según la interpretación del Ejecutivo español, ambas Ofertas Públicas de Empleo (OPE), de 250 plazas cada una, no respetaban los límites para la renovación de empleados públicos --las llamadas tasas de reposición-- fijadas por el propio gabinete de Mariano Rajoy.
Urkullu ha recordado que la decisión de fijar este número de agentes fue adoptada en 2004, con el objetivo de que la Policía vasca pudiera desarrollar sus funciones para "garantizar la seguridad de los ciudadanos". Además, ha destacado que el acuerdo de la Junta de Seguridad que cifraba la plantilla de la Ertzaintza en 8.000 agentes recibió el respaldo "casi unánime" del Parlamento Vasco.
No obstante, ha señalado que el "problema" se produjo cuando el Gobierno central decidió recurrir las dos últimas promociones de la Ertzaintza. Por ese motivo, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Consejo de Ministros vaya a dar una solución a este asunto, a través de una medida que "garantiza la viabilidad" de ambas promociones.
Además, ha destacado que éste es un asunto que no tiene "nada que ver" con las tasas de reposición en el conjunto de la Función Pública, sino que obedece a cuestiones acordadas en la Junta de Seguridad --en la que están representadas las administraciones central y autonómica--, y que responden a lo que debe ser "una interpretación de respeto del autogobierno".
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