El Gobierno de España aprueba el ingreso mínimo vital

El Gobierno de España ha aprobado este viernes, en un Consejo de Ministros Extraordinario, el ingreso mínimo vital, que pretende reducir en un 80 % la pobreza extrema en el Estado español. Esta prestación llegará a 850 000 hogares, de los cuales 100 000 la recibirán de oficio a finales del mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1 000 euros, dependiendo de la composición del hogar.

Así lo ha avanzado sobre las 12:00 horas Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Ejecutivo español y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de Twitter, poco antes de la rueda de prensa programada para explicar los detalles de esta medida.

Se estima que esta prestación llegue a 2,3 millones de personas, de las que un 30 % son menores. Además, el Gobierno de España calcula que el 16 % de los 850 000 hogares potenciales beneficiarios son monoparentales; de ellos, casi el 90 % están encabezados por una mujer.

Según un borrador del Proyecto de Real Decreto-Ley, para acceder a la prestación se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad, y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.

Se contemplan algunas excepciones, como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional, o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.

Asimismo, según este borrador, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.

También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares, hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias, y se aplicará un "incentivo" al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.

Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de Seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social. Se le sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del tercer sector de acción social.

El ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social, y su coste anual rondará los 3 000 millones de euros. Podría complementarse, además, con otras prestaciones de las comunidades autónomas.

Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un "test de riqueza". Esto significa que, cuando se presente la solicitud, se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual.

Según ha indicado la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, en un debate organizado por Oxfam Intermón este lunes, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es "reducir la pobreza severa en torno a un 80 %" en España.

En cuanto a la negociación con las comunidades autónomas, el Ejecutivo español ha llegado a un acuerdo con el PNV, por el cual Euskadi y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la "cogestión" del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.

No tendrá incidencia sobre las personas que actualmente perciben la renta de garantía de ingresos en Euskadi

Tal y como ha explicado en rueda de prensa Beatriz Artolazabal, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la aprobación del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno español no tendrá incidencia sobre las personas que actualmente perciben la renta de garantía de ingresos en Euskadi, ni sobre aquellas que en un futuro podrían acceder a ella.

Según su estimación, unos 20 000 perceptores, como pensionistas y personas sin residencia legal, no recibirán el ingreso mínimo vital, pero sí la renta de garantía de ingresos en Euskadi, lo que significa que si residiesen en otra comunidad Autónoma, no recibirían ayudas. "Sin la menor duda, podemos afirmar que nuestra RGI es más garantista que la nueva ayuda", ha asegurado.

Hasta que se culmine el traspaso de esta nueva prestación en octubre, ambos ejecutivos van a acordar una encomienda de gestión que permitirá facilitar el servicio a la ciudadanía, siempre a través de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.

La consejera ha destacado que esta negociación "no se ha planteado nunca en términos de ahorro". "Este supuesto ahorro no es objeto de nuestro cálculo ni reflexión. La realidad es que Euskadi va a seguir invirtiendo más presupuesto que el Estado en garantizar una renta a los colectivos más desfavorecidos", ha agregado.

Artolazabal ha valorado la negociación que se ha producido entre ambos Gobiernos y que ha culminado con acuerdo como "larga, difícil, discreta y leal". "Ha sido una minuciosa labor de orfebres. Un trabajo complejo. Pero que ha dado sus frutos", ha resaltado.

Como resultado de ese acuerdo, el Gobierno Vasco ha logrado cumplir las tres premisas que tenía marcadas: "compatibilidad, complementariedad y ventanilla única, la de Lanbide". "Este acuerdo es beneficioso para la ciudadanía y para el autogobierno vasco. Permitirá mayor eficiencia en la gestión. Y estamos satisfechos", ha apostillado.

La consejera ha destacado que "hemos logrado el reconocimiento de nuestras haciendas forales a la hora de establecer las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital; garantizar la relación bilateral Euskadi – Estado, con el reconocimiento del sistema de Concierto Económico a través de la negociación del Cupo; y la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, como primer paso efectivo para el análisis del futuro traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social". 

Además, Artolazabal ha destacado que el Gobierno español se ha comprometido ya a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para avanzar, entre otros extremos, en la definición de los aspectos económicos de esta inminente transferencia.

La CAV y Navarra lo gestionarán íntegramente

Según se hizo público este miércoles, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra gestionarán íntegramente el ingreso mínimo vital. El PNV ha cerrado un acuerdo con el Gobierno español, que blinda el modelo de RGI y Renta Garantizada navarra ante la aprobación, este viernes, de esta prestación.

Según pudo saber ETB, Andoni Ortuzar y la vicepresidenta española Carmen Calvo cerraron el acuerdo el miércoles por la mañana, tras semanas de negociación, en la que ha participado también el Gobierno Vasco. El acuerdo establece que el Gobierno de España transferirá la competencia del Ingreso Mínimo Vital antes del 31 de octubre.

Según señalaba el PNV, "este pacto, que refuerza la bilateralidad Estado-CAV y Estado-Navarra y apuntala el autogobierno de los territorios históricos, se ampara en la especificidad de las Haciendas Forales".

De este modo, según la nota del partido jeltzale, "se encauzan los posibles conflictos jurídicos que podían derivarse de la colisión del IMV con la RGI vasca o la Renta Garantizada navarra. Así, el IMV será una renta base no complementaria a la que puedan implementar la CAV y Navarra en ejercicio de sus competencias".

Desde el PNV, subrayaban la importancia del acuerdo: "En lo económico, porque el IMV no va a suponer ninguna carga añadida para los Gobiernos vasco y navarro, aspecto que no estaba nada claro hasta la firma de este acuerdo".

Respecto al aspecto competencial el PNV afirmaba que "salvaguardamos nuestra competencia en materia social y, sobre todo, blindamos la RGI, un modelo que funciona y que es reconocido fuera de Euskadi como modelo a implantar. En un momento de tentaciones recentralizadoras, lo conseguido por el PNV no es poco", añadía.