El Gobierno aprueba una 'amnistía fiscal' para regularizar el fraude
El Estado recaudará 12.314 millones de euros este año con la subida y modificación los impuestos, ha anunciado en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
A las subidas avanzadas en diciembre del IRPF, el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), se suman ahora los cambios en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y la modificación del impuesto especial sobre el tabaco.
Ambas novedades se incluyen en un decreto ley de medidas tributarias que acompaña al anteproyecto de ley de los Presupuestos de 2012.
"No se aumenta el tipo de gravamen", ha subrayado Montoro en referencia al impuestos de sociedades y del tabaco, y ha explicado que sólo se introducen cambios en el sistema de tributación y de deducciones.
Para el impuesto de sociedades se elimina la libertad de amortización, que continuará existiendo sólo para pymes y en el caso de ampliación de plantilla.
Asimismo, se elimina la posibilidad de diferir a otros ejercicios los beneficios fiscales y se cambia el sistema de pagos fraccionados, al tiempo que se limita la deducción por gastos financieros al 30 % de esta partida, siempre a partir del millón de euros.
En el caso del impuesto especial sobre el tabaco se hace una redistribución del gravamen con el objetivo tanto de recaudar más como de reducir el contrabando.
Montoro ha hecho hincapié en que también se aumentará la recaudación a través del plan especial contra el fraude, que no está incluido en el anteproyecto de presupuestos y que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.
En este sentido, Montoro ha anunciado el establecimiento de un "gravamen especial" del 10% para regularizar las rentas no declaradas, tanto para las que vengan de fuera como para las que afloren en España, lo que en la práctica puede suponer una amnistía fiscal.
De esta forma el capital que retorne a España sólo tendrá que pagar ese "gravamen especial" del 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción.
Los contribuyentes que así lo deseen y afloren el capital oculto quedarán regularizados a cambio de pagar un 10%, un procedimiento que, según el ministro, recomienda la propia OCDE en países con especiales dificultades económicas.
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