La negociación de los convenios en Euskadi, al borde del abismo

Patronal y sindicatos vascos afrontan la recta final de las negociaciones de los convenios sectoriales antes de que el 7 de julio, tal y como hasta ahora preveía la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, termine su ultraactividad, es decir, la prórroga de un año en que pueden seguir estando en vigor de forma automática los convenios caducados (los que fueron suscritos hasta el 31 de diciembre de 2011).

Los sindicatos vienen alertando de que en julio podrían perder su vigencia 360 convenios sectoriales que afectan a más de 3,1 millones de trabajadores. En Euskadi, 320.000 asalariados (276.000 de 95 convenios colectivos y 46.000 de otras 327 empresas) podrían quedar desprotegidos, al cumplirse el final de la prórroga automática.

En Navarra, hay 9 convenios sectoriales acordados, 16 en negociación y 3 en mesas paralizadas y sin negociación. Es decir, todavía hay un 30% de trabajadores que no tienen esa cobertura.

Ahora, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT han firmado un acuerdo para prorrogar dichos convenios colectivos que dejarían de tener efecto a partir del 8 de julio, y que sigan negociándose. De todos modos, en la CAV las posturas de Confebask y de los sindicatos más representativos siguen muy alejadas.

En caso de que el entramado laboral vasco desapareciese el 7 de julio, parte de los trabajadores de la CAV podrían acogerse a convenios estatales, ya que estos sí sobrevivirán a esa fecha. Sin embargo, los pactos estatales recogen peores condiciones laborales, aunque mejores que el mínimo del Estatuto del Trabajador.

El presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, ha opinado que el acuerdo sellado entre la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO a nivel estatal "no tendría eficacia directa" en la CAV y debería tratarse en cada mesa de diálogo sectorial.

Descuelgue y arbitraje

Una de las principales discordias de la negociación en Euskadi es que, según los sindicatos, la reforma laboral "ha dado más poder a las empresas abaratando los despidos y facilitando el descuelgue", el mecanismo que permite a las empresas no cumplir las condiciones laborales pactadas con los sindicatos en el convenio. Es decir, sirve para bajar salarios, ampliar jornadas o acometer cualquier otro tipo de cambios en las condiciones de los trabajadores.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, por su parte, cree que Confebask, ELA, LAB, CCOO y UGT deben ser capaces de lograr un acuerdo que involucre a la mayoría sindical e incluya dos contenidos mínimos: defensa de los convenios sectoriales de carácter provincial y prórroga de la vigencia de los convenios más allá del 7 de julio.

El consejero ha explicado que el Gobierno ha analizado las consecuencias que tendrá el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos el próximo julio y ha mantenido conversaciones bilaterales con los agentes sociales para tratar de promover el diálogo entre ellos porque quiere un escenario de "cooperación frente a la confrontación".

De este modo, el Ejecutivo vasco propone un modelo con "dos polos", uno para dotar a los convenios de "un grado razonable de estabilidad", y otro para permitir que las empresas se descuelguen del mismo de forma temporal en determinadas circunstancias, y plantea que el Consejo de Relaciones Laborales sea el órgano que resuelva las "discrepancias".

Falsas expectativas

Los sindicatos abertzales han rechazado el pacto sobre la ultraactividad de los convenios.

El sindicato ELA cree que el acuerdo de la patronal, CCOO y UGT no cambia la situación, que es "una mera declaración de intenciones, meras recomendaciones que no tienen rango legal", que "deja las cosas como están", y que la prórroga está "en manos de la patronal".

La central abertzale considera que en el caso de los convenios que el 8 de julio lleven más de dos años denunciados y no renovados "las partes deberán acudir de manera urgente a la mediación o al arbitraje", lo que supone una renuncia a la negociación colectiva.

Por su parte, el sindicato LAB ha afirmado que el preacuerdo no resuelve la ultraactividad y "responde más al interés por consolidar la aplicación de las reformas laborales" que al de "combatir eficazmente sus efectos".

Además, ha lamentado que "sólo sirve para generar falsas expectativas por quienes han hecho del denominado diálogo social un fin en sí mismo".

Un mes de plazo

Mientras tanto, sindicatos y empresarios ya se han reunido en la Comisión de seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (2012-2014) y han ratificado el preacuerdo.