Gipuzkoa pedirá anular el contrato que vincula a Bidegi con Bidelan
La Diputación de Gipuzkoa denunciará ante los tribunales el contrato suscrito con la empresa Bidelan para la conservación de las autopistas del territorio, al considerarlo "lesivo" para los intereses públicos.
La portavoz de la Diputación y diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, ha explicado hoy que el consejo de diputados ha aprobado hoy la "declaración de lesividad" de dicho contrato, paso previo a acudir a los juzgados de lo contencioso administrativo para que anulen el contrato que vincula a la sociedad foral Bidegi con la adjudicataria privada Bidelan.
Ugarte ha explicado que el contrato original con Bidelan –nacida en 2003 de la unión de Iridium (Grupo ACS), Grupo Campezo y Transitia- establecía un sistema de pago vinculado con volumen de tráfico gestionado en las autopistas de Gipuzkoa, en principio la AP-8 y posteriormente la AP-1.
Sin embargo, a medida que, debido al efecto de la crisis económica, las previsiones de paso de vehículos dejaron de cumplirse, Bidelan renegoció su contrato con los anteriores gestores de Bidegi (dirigida en la anterior legislatura por el PNV) para modificar el sistema de pago.
De esta manera, desde el año 2010 -con efecto retroactivo a 2009- Bidelan presenta a Bidegi la justificación de sus gastos, que la sociedad pública abona añadiendo un 7,7% que asegura el beneficio de la concesionaria privada, según ha explicado Ugarte.
"El resultado de la modificación contractual es evidente: Bidelan obtiene siempre beneficios y desaparece el principio de riesgo", ha argumentado la diputada, quien ha añadido que "resulta paradójico que mientras la empresa disfruta de beneficios, la sociedad pública Bidegi acumula deudas".
Por este motivo, la Diputación inició un "expediente de lesividad", un trámite administrativo poco común pero que el Gobierno foral de Bildu ha creído adecuado para anular el contrato y hacerse cargo directamente de la explotación y conservación de las carreteras.
Según los cálculos de la Diputación, la modificación del contrato ha costado a las arcas públicas un total de 15,6 millones de euros en los últimos cuatro años.
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