Los sueldos de los funcionarios y altos cargos vascos serán públicos

El anteoproyecto de Ley de Administraciones Públicas elaborado por el Gobierno Vasco contempla que los sueldos, incentivos e indemnizaciones de los altos cargos y las retribuciones de los funcionarios del Ejecutivo autonómico, así como el coste de las horas de los liberados sindicales se hagan públicos.

El portavoz del Ejecutivo vasco y consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, ha dado cuenta de este anteproyecto, que se ha abierto a información pública para que instituciones y ciudadanos planteen sus alegaciones.

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz también ha explicado que este anteproyecto incluye la creación de la figura de la "iniciativa reglamentaria popular", que abre la puerta a los ciudadanos a plantear sus propias propuestas de decretos.

Toda esta información sería accesible a toda la población de manera "on-line" en la web del Gobierno Vasco, en la que también se publicaría el "Registro de Entidades del Sector Público Vasco".

Se trata de un anteproyecto, por lo que todavía no ha sido aprobado definitivamente como proyecto para ser enviado al Parlamento Vasco, donde los partidos podrán presentar enmiendas al mismo.

Si la propuesta prospera, será obligatorio poner a disposición de la ciudadanía las retribuciones del personal funcionario laboral o las de los altos cargos del Ejecutivo, junto con los incentivos o indemnizaciones por cese de este último colectivo.

El texto recoge que el lehendakari, los viceconsejeros y los consejeros tendrán que publicar en la misma web sus declaraciones de bienes. Los sindicatos también verán publicadas en la web sus retribuciones, en concreto el número de horas de los liberados, su coste y el listado de los nombres de éstos.

Por otro lado, en aras a la "transparencia", el Gobierno Vasco quiere que se hagan públicas las ayudas y subvenciones otorgadas y su cuantía y el nombre de los beneficiarios, al igual que la relación y el importe de todas las contrataciones públicas y el nivel de endeudamiento de las sociedades dependientes de la Administración pública vasca.

Lo recogido en este anteproyecto, en caso de ser aprobado, sólo afectaría a la Administración dependiente del Gobierno Vasco, y no a las diputaciones, ya que el actual modelo de reparto competencial establece que pueden tener su propio régimen de funcionamiento.