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Imaz avisa que Repsol tiene "otras alternativas" si en España no se garantiza estabilidad para invertir

El consejero delegado de la empresa asegura que irá hasta el final en la lucha contra el impuesto extraordinario del Gobierno, tanto en la Justicia española como en la europea. Repsol ha obtenido un beneficio neto de 2785 millones de euros en los 9 primeros meses del año.
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Josu Jon Imaz, a la izquierda, en una imagen de archivo. Foto: EFE
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EITB MEDIA

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El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido que la compañía analizará si las condiciones son "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos" antes de tomar cualquier decisión de inversión en el Estado español, y ha asegurado que, si no es así, cuenta con "otras alternativas", como Portugal.

Lo ha dicho en una conferencia para presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, donde se ha dado a conocer que la empresa ha ganado 2785 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 14 % menos respecto al mismo período de 2022. En ese sentido, ha mostrado su insatisfacción por el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para un posible Gobierno de coalición que prevé un impuesto especial para las energéticas y la banca, algo que, según Imaz, "es ilegal, es inconstitucional y es discriminatorio".

Ha recordado que el actual impuesto extraordinario, que grava el 1,2 % de la facturación en las empresas con ingresos superiores a 1000 millones de euros, le ha costado unos 450 millones de euros este año.

Imaz ha adelantado que Repsol planea realizar grandes inversiones en la transformación de sus complejos industriales en España, pero ha indicado que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar estas inversiones.

Si las condiciones no son les fuesen favorables, Imaz ha señalado que la empresa podría considerar invertir en Portugal u otras alternativas.

Además, Imaz ha manifestado que la compañía luchará legalmente contra este impuesto, tanto en la Justicia española como en instancias europeas, ya que existe una "diferencia bastante importante" entre lo que definió el Consejo Europeo como impuesto, siendo temporal para responder a las condiciones especiales del mercado y basada en los beneficios, y no en la facturación como en España.

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