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Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda

Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tolosa
Tolosa. Foto: Egizu.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este martes la declaración de Lezo y Tolosa como zonas de mercado residencial tensionado, aunque esta clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, el BOPV publica sendas órdenes del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por las que se declara zonas tensionadas estos dos municipios de Gipuzkoa por un periodo inicial de 3 años.

Para una declaración de zona tensionada es preciso cumplir al menos uno de los dos criterios que establece la ley por el derecho a la vivienda. El primero es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios.

El segundo es que los precios de la vivienda en la zona hayan crecido un 3 % más que el IPC registrado en la comunidad autónoma de referencia en los cinco años anteriores.

Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona.

Ese límite de renta se aplica a todos los pisos que salgan al mercado y no hayan estado arrendados en los últimos cinco años y para todos los contratos sin excepciones de grandes tenedores, esto es, de aquellas personas que posean cinco o más viviendas.

La declaración de zona tensionada también incluye la posibilidad de establecer tres prórrogas extraordinarias de un año para los contratos finalizados siempre que se cumplan una serie de requisitos.

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