Ramiro González: “Vamos a echar el resto para solucionar la situación de Tubos Reunidos”
El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que la Diputación está “absolutamente implicada” en la solución a la situación de Tubos Reunidos, y ha explicado que ha pedido a la SEPI que se implique y participe en una reestructuración de la deuda.
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Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
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Según han denunciado los trabajadores, "los reiterados intentos de negociar un convenio de empresa que proteja nuestra salud han sido rechazados y despreciados por la empresa".
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La Fiscalía critica el rumbo de la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional porque, subraya, los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del Ministerio Fiscal o de un "agraviado" y cree que la asociación denunciante no lo es (es una acusación popular y no particular). De ahí se deduce, según la fiscal, la "absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado" y que la investigación debería circunscribirse al delito de contrabando.
El Gobierno español "tiende la mano" para buscar soluciones para Tubos Reunidos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".
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El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.