La UE confirma sanciones por tortura a siete miembros de seguridad de Venezuela

La Unión Europea (UE) ha materializado este viernes su decisión de sancionar a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela por considerar que están implicados en "torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos", entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.

La UE ha confirmado así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles para ampliar la lista de sancionados en relación con la crisis que atraviesa Venezuela.

Cuatro de los nuevos sancionados "están relacionados" con el fallecimiento de Acosta Arévalo, el pasado 29 de junio, cuando estaba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, ha indicado el Consejo de la UE en un comunicado.

Las sanciones, que implican la congelación de sus bienes y activos bajo jurisdicción europea y la prohibición de entrada en la UE, han entrado en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial europeo.

En concreto, el bloque ha sancionado al mayor de la Guardia Nacional Bolivariana Néstor Blanco Hurtado, al director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Rafael Ramón Blanco Marrero, uno de los cuatro agentes relacionados directamente con la muerte del capitán Acosta, y al alto mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Carlos Calderón, así como al jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT) Alexis Enrique Escalona Marrero, que fue jefe del Comando Nacional de Secuestros.

La UE también ha sancionado a otros tres mandos responsables de la muerte del capitán Acosta; se trata de los agentes del SEBIN Rafael Antonio Franco Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares, que ejercieron ambos como jefes de Investigación de la DGCIM, y del director de Asuntos Especiales de la DGCIM, Alexander Enrique Granko Arteaga.

"Ejemplo del deterioro de los derechos humanos"

La Unión Europea ya denunció "la trágica muerte del capitán Acosta mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela" como "un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos" en el país y respaldó los hallazgos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en cuyo reciente informe "confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas de Venezuela".

"A la luz de la grave situación que persiste en Venezuela, de la que también ha informado la ACNUDH, y la responsabilidad de las graves violaciones de los Derechos Humanos, en particular la tortura, cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de Inteligencia de Venezuela en apoyo al régimen, siete personas deben ser incluidas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas", ha justificado la UE.

Con esta decisión, el número de altos cargos venezolanos, políticos y militares, sancionados por la UE se eleva a 25, entre ellos el número dos del 'chavismo' y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. La Unión Europea impuso en noviembre de 2017 una serie de sanciones, que estarán vigentes hasta el 14 de noviembre.