Al menos 23 muertos y 715 heridos desde el inicio de la crisis en Bolivia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado este domingo que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de la crisis en Bolivia.
"Desde ayer son nueve fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", ha indicado el organismo en su cuenta de Twitter.
La CIDH ha expresado repetidamente su preocupación por las acciones de las fuerzas de seguridad bolivianas en el marco de las protestas que se suceden en el país. Así, ha criticado el "uso desproporcionado" de la fuerza policial y militar y el uso de armas de fuego que, a su juicio, "deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales".
Además, ha especificado que los estándares interamericanos establecen que debe limitarse "al máximo" la presencia de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios y que el gas lacrimónego atenta "gravemente" contra los estándares jurídicos internacionales.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ayer en el mismo sentido un "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia.
Bachelet advirtió de que la actuación de las fuerzas armadas implica un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia "es posible que la empeoren". "Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos", ha añadido.
"Licencia para matar"
Precisamente el viernes, el Gobierno transitorio de Bolivia aprobó un decreto que establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos "está exento de responsabilidad penal" cuando actúe "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo los criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en Twitter de que esta norma firmada por la presidenta Jeanine Áñez al frente de su Ejecutivo interino "desconoce los estándares internacionales" de los derechos humanos y "estimula la represión violenta".
Muchos han calificado la normativa de "licencia para matar", algo que niega el nuevo Gobierno.
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"A partir de mañana, vamos a empezar a encontrarnos con una multiplicidad de actores políticos sociales para conversar sobre los alineamientos de la no violencia, de la pacificación y de la necesidad de un diálogo urgente al respecto, y la necesidad de contribuir de la mejor forma posible al objetivo anhelado de la celebración de elecciones libres, transparentes", indicó Arnault.
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