La Audiencia Nacional pide explicaciones al Ministerio del Interior por la devolución de menores a Marruecos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio del Interior que remita en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos.

Los magistrados han emitido el oficio en el marco del procedimiento impulsado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que este lunes interpuso recurso ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

El oficio en cuestión no convenció a la Fiscalía de Ceuta, que el domingo avaló la suspensión de las devoluciones y que -según informó la Cadena Ser- subrayó que en la operación desarrollada por Interior "solo consta como fundamentación jurídica de la misma un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin firma".

En un comunicado remitido ayer, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado aseguraba que la actuación del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no ha seguido los protocolos y el tratamiento individual que exige el tratado entre Marruecos y España.

Entre tanto, el Ministerio del Interior y el Gobierno ceutí han hecho un frente común en la defensa del proceso de devolución de los menores marroquíes, aunque han expresado su voluntad de corregirlo si lo determinaran los tribunales.

Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, ha ido más lejos y, tras asumir en rueda de prensa que él es el responsable político del proceso de retorno de los menores, ha asegurado que los niños "donde mejor están es con sus familias. En Ceuta están en situación de precariedad, viven sin techo y en asentamientos inadecuados".

El responsable de la ciudad autónoma, del PP, ha querido dejar claro públicamente que él es quien dio la orden de iniciar el retorno el pasado viernes y de solicitar al Gobierno que activara el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 y en vigor desde 2013.

A ese acuerdo con Marruecos ha vuelto a referirse el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien un día más ha defendido la legalidad del proceso de retorno de menores a Marruecos, si bien ha dejado claro que si la Justicia observa algún "matiz" que haya que corregir en el procedimiento, "se corregirá".

Para el ministro, la decisión judicial de paralizar los retornos obedece a una "discusión técnico jurídica" sobre cómo aplicar el convenio para devolver a los niños que entran solos a España.

Siguen sin compartir la legalidad de estas devoluciones una treintena de ONG que han reclamado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que intervenga y acuerde la "suspensión inmediata".

En la carta remitida a Sánchez, las ONG firmantes le trasladan su "profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada".

Las organizaciones insisten en que estas expulsiones están vulnerando los derechos de estos menores, contraviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional, tal y como ya han alertado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.