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El Gobierno británico presenta la ley que anula partes del protocolo norirlandés

La Comisión Europea reactivará la vía judicial contra Reino Unido por violar las disposiciones del protocolo para Irlanda del Norte negociado entre las partes para mitigar el impacto del Brexit.
Londres. Foto de archivo: EFE
Londres. Foto de archivo: EFE

El Gobierno británico ha presentado este lunes en el Parlamento el proyecto de ley que pretende anular unilateralmente partes del protocolo suscrito con la Unión Europea sobre Irlanda del Norte que forma parte del acuerdo del Brexit.

Entre otras medidas, la nueva legislación prevé eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte.

La Comisión Europea reactivará la vía judicial contra Reino Unido por violar las disposiciones del protocolo para Irlanda del Norte negociado entre las partes para mitigar el impacto del Brexit , después de que el Gobierno de Boris Johnson presentara formalmente este lunes una ley que en la práctica suspende de manera unilateral el pacto.

"La Comisión considerará continuar el procedimiento de infracción abierto en marzo de 2021 contra el Gobierno de Reino Unido. Suspendimos esa medida en un espíritu constructivo de cooperación para dar espacio a la búsqueda de soluciones conjuntas, pero la acción unilateral de Reino Unido va directamente contra ello", ha dicho desde Bruselas el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic.

"Nuestra reacción a acciones unilaterales por parte de Reino Unido reflejará la voluntad (de hacer cumplir el protocolo) y será proporcionada", ha añadido el responsable comunitario, en una comparecencia sin preguntas.

La mayoría de los diputados la Asamblea de Irlanda del Norte han firmado este lunes una carta dirigida al primer ministro británico, Boris Johnson, en la que censuran el proyecto de ley con el que Londres quiere incumplir de manera unilateral los acuerdos del Brexit.

En concreto, la misiva rechaza en los "términos más enérgicos posibles" la posición del Gobierno británico, que ha presentado en Westminster una "nueva legislación imprudente" sobre el Protocolo para Irlanda del Norte acordado con la Unión Europea como parte del Brexit, según los firmantes.

Éstos representan al nacionalista Sinn Féin, primera formación norirlandesa tras las elecciones autonómicas del pasado mayo, al también nacionalista Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) y al Partido Alianza, de centro y no sectario.

Los diputados han recordado a Johnson que la nueva legislación "va en contra" de los deseos "no solo de la mayoría" del sector empresarial norirlandés, "sino también de la mayoría" de la ciudadanía.

Asimismo, han insistido en que, "aunque no es ideal", el citado protocolo representa actualmente el "único" mecanismo disponible para cumplir con los arreglos comerciales acordados por Londres y Bruselas tras el Brexit.

La carta enviada a Johnson lleva la rúbrica de 52 de los 90 miembros que componen la Asamblea de Belfast, en la que las formaciones unionistas protestantes mantienen diferentes posiciones sobre este controvertido asunto.

La más intransigente sale del Partido Democrático Unionista (DUP), segunda fuerza regional, que se niega a compartir el Gobierno autónomo con los nacionalistas si el diálogo entre Londres y Bruselas no desemboca en la eliminación del protocolo.

Por ello, respalda la vía unilateral diseñada por Londres en caso de que esas conversaciones concluyan sin un acuerdo, pero ha advertido de que no volverá al Ejecutivo norirlandés hasta que la nueva legislación no entre en vigor, un proceso que puede tardar meses.

Por su parte, Johnson ha restado importancia a la modificación unilateral del Protocolo y ha esgrimido que son "una serie de ajustes relativamente triviales" dentro de una batería de compromisos más amplia.

Johnson ha evitado considerar los cambios como un desafío abierto a la UE, señalando que es más "un cambio burocrático" que, a su juicio, no implica una violación del Derecho Internacional, como sí alegan tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Irlanda.

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