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Luz verde a la Ley vasca de Turismo, que regula los pisos turísticos

La norma ha sido aprobada con los votos del PNV y EH Bildu, y "el apoyo crítico" del PSE-EE.
18:00 - 20:00
La ley de Turismo regularizará los alquileres de viviendas turísticas

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley vasca de Turismo, con los votos de PNV y EH Bildu, y "el apoyo crítico" del PSE-EE.

La norma vasca ha visto la luz en el último pleno de la legislatura sin ningún voto en contra (PP y UPyD se han abstenido), después de que la Mesa habilitara el mes de julio para aprobar esta ley y otras dos más, la de víctimas policiales y la de muerte digna.

La "prisa" por sacar adelante esta norma antes de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, convoque elecciones y disuelva la Cámara vasca ha sido uno de los motivos de queja de los grupos más críticos con la norma.

Pisos particulares para uso turístico

La ley dedica una parte importante de su contenido a las viviendas y habitaciones de pisos particulares para uso turístico, unos recursos que algunos operadores del sector consideran una forma de competencia desleal.

Con el fin de mejorar la regulación de esta actividad, le ley incluye una definición de la misma. El texto considera viviendas para uso turístico aquellas que, con independencia de sus características, "se ofrezcan o comercialicen como alojamiento por motivos turísticos o vacacionales".

La definición añade que se trata de viviendas que son "cedidas temporalmente" por su propietario o por la persona que las gestiona "de forma reiterada y habitual" a cambio de una contraprestación económica y en condiciones de "inmediata disponibilidad".

En el caso del alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, se establece que una misma titular "no podrá ofertar o comercializar habitaciones en más de una vivienda", puesto que en ese caso, se consideraría que se trata de un establecimiento hotelero.

Las personas que vayan a destinar una vivienda o habitación a un uso turístico deberán realizar, al igual que cualquier otro agente que vaya a iniciar una actividad en el sector, una 'declaración responsable' de cumplimiento de una serie de obligaciones. Esta declaración tendrá como efecto inmediato la inscripción de la actividad en el 'Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi'.

Uno de los apartados de la ley establece las condiciones que determinarán la clasificación de los establecimientos en distintas categorías o niveles. A la hora de asignar una u otra categoría, se tendrá en cuenta la situación y los equipamientos del establecimiento, la calidad de su oferta, las prestaciones para personas con discapacidad, la calidad del empleo generado o el conocimiento y uso de las lenguas oficiales de Euskadi y de otros idiomas.

Valoración de los partidos

El parlamentario del PNV, Luis Javier Telleria, ha agradecido el apoyo del PSE y ha explicado que el sector turístico podrá participar en el desarrollo de la ley, a través de los decretos correspondientes, en colaboración el Gobierno autonómico.

Desde EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado que la ley contempla medidas "suficientes" para mejorar la regulación del sector, y ha explicado que a través de sus contenidos no se pretende establecer "barreras", sino fijar "garantías"  sobre la forma en la que se ha de desarrollar la actividad turística.

La parlamentaria del PSE-EE, Susana Corcuera, ha asegurado que su apoyo a la ley tiene un carácter "crítico", ya que el texto presenta "lagunas importantes", al no incluir cuestiones como el reparto entre los diferentes territorios de los congresos impulsados por el Gobierno vasco.

Mari Carmen López de Ocariz, del PP, ha denunciado que lo aprobado este jueves parece un texto "del siglo pasado", y que la regulación que establece para las nuevas figuras de actividad turística no es la más adecuada. Además, ha asegurado que la ley no tiene el "acuerdo" del sector.

Por último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha asegurado que aunque se trata de una ley nueva, ya "nace vieja" y carece de "ambición". Asimismo, ha advertido de que la regulación de las viviendas para uso turístico no debe limitarse a la obligación de inscribirlas en un registro.

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