Se reanuda el juicio por la violación grupal de sanfermines

El juicio por la violación a una joven madrileña de 18 años en los sanfermines de 2016 se ha reanudado este lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona, a puerta cerrada, con la presentación de las pruebas periciales.

Hoy y mañana el tribunal examinará las pruebas periciales del caso, y previsiblemente, este martes se visionarán por primera vez los vídeos que los acusados grabaron de la agresión. El miércoles se interrogará a los cinco acusados y el jueves declararán los testigos propuestos por las defensas.

El viernes 24 y el lunes día 27, en las únicas dos sesiones del juicio a puerta abierta, se presentarán los informes finales de las partes y se dará el derecho a la última palabra.

El juicio comenzó el 13 de noviembre con un interrogatorio preliminar a los cinco acusados, que se declararon inocentes del presunto delito continuado de agresión sexual y contra la intimidad. Cuatro de ellos además negaron el delito de robo con intimidación, mientras que uno reconoció que había sustraído el teléfono móvil de la víctima.

Al día siguiente, el 14 de noviembre, se tomó declaración durante cuatro horas a la víctima, quien se reafirmó en su denuncia y aseguró que no opuso resistencia al encontrarse en estado de "shock".

Declaración de testigos

También declararon dos testigos, la pareja de jóvenes que se encontró a la chica llorando en un banco aquella madrugada, cerca del portal donde ocurrieron los hechos, y que dieron aviso a SOS Navarra.

Posteriormente, del 15 al 17 de noviembre, han comparecido otros cuatro testigos, entre ellos las técnicas del Ayuntamiento de Pamplona que atendieron a la joven, que afirmaron que la chica se encontraba muy afectada y "desconsolada" y presentaba los síntomas de haber sido agredida.

También han declarado varios agentes de la Policía Municipal de Pamplona y de la Policía Foral. Los agentes municipales que atendieron a la joven han ratificado en el juicio que la actitud de la chica no les pareció fingida.

Los cinco acusados se enfrentan a penas que oscilan entre 22 años y 10 meses de cárcel, que pide la Fiscalía, y los 25 años y 9 meses que solicita como acusación popular el Gobierno de Navarra, mientras que sus defensas piden la absolución.

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