Otoño judicial intenso en Euskadi, con casos como Cabacas y la bebé Alicia

Los tribunales vascos vuelven a la actividad tras el parón vacacional con destacados casos mediáticos como el juicio contra el acusado de asesinar a una bebé de 17 meses en Vitoria-Gasteiz, la declaración de los 26 imputados en el "caso De Miguel" y la vista por la muerte del aficionado del Athletic Iñigo Cabacas.

En septiembre y octubre se verán estos casos, a los que se sumará el juicio por los presuntos abusos sexuales en el colegio Gaztelueta de Leioa, al tiempo que se espera la sentencia del "caso Margüello" en el que están imputados tres excargos de la Sanidad vasca por supuestos contratos irregulares y que quedó visto para sentencia el pasado mes de abril en la Audiencia de Bizkaia.

Así, el 4 de septiembre arrancará en la Audiencia de Álava el juicio con jurado por la muerte el 25 de enero de 2016 de Alicia, una bebé de 17 meses que falleció tras ser lanzada de madrugada por la ventana de un piso de la capital alavesa. El presunto autor de este trágico suceso, un profesor de música que en el momento de los hechos tenía 30 años, se sentará en el banquillo de los acusados en una vista que se prolongará en principio hasta el día 12.

La Fiscalía ha pedido para él prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía lo que conllevaría una pena de entre 25 y 35 años de cárcel antes de que se revise su condena. Además, el Ministerio Público reclama una pena de más de 9 años por un delito de homicidio en grado de tentativa, ya que supuestamente trató asimismo de matar a la madre de la niña, una joven de 18 años residente en Burgos a la que había conocido recientemente.

Unos días después entrará en la fase final el "caso De Miguel", el mayor macroproceso por presunta corrupción instruido en Euskadi. El 17 de septiembre comenzará la declaración de los 26 imputados en esta causa que se juzga desde enero en la Audiencia alavesa.

Entonces será el turno de escuchar entre otros a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV alavés, acusado de liderar una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales que saltó a la luz cuando una abogada le denunció por reclamarle un pago de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato en 2006. Los acusados son los últimos en declarar en este proceso, ya que así lo solicitaron sus defensas y lo aceptó el tribunal sin oposición de la Fiscalía. Tras las declaraciones de todos ellos será el turno de los informes finales de los abogados. En un principio se han fijado sesiones hasta el 28 de noviembre.

En octubre la atención estará en los tribunales vizcaínos donde el día 4 arranca el juicio por los presuntos abusos sexuales de un profesor a un alumno del colegio Gaztelueta de Leioa, del Opus Dei, cuando la víctima tenía entre 12 y 13 años.

Los progenitores denunciaron al profesor al cumplir la víctima la mayoría de edad y el profesor ya no ejercía en el centro, puesto que este estuvo entre septiembre de 2003 y finales del curso de 2011. La Fiscalía pide 3 años de cárcel para el acusado por un delito continuado de abuso sexual y otro de abuso sexual con prevalimiento, mientras que la abogada de la familia reclama 10 años de cárcel. Este juicio está previsto que se alargue hasta el 11 de octubre.

Pocos días después, el 15 de octubre, se ha fijado el arranque de la vista por la muerte el 5 de abril de 2012 del aficionado del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas por el impacto de una pelota de goma de la Ertzaintza. La Fiscalía considera que no hay delito en la actuación de los seis ertzainas imputados y pide su absolución mientras que la acusación particular, ejercida por la familia del joven, estima que se está ante un homicidio por imprudencia profesional, penado con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación.

En los próximos meses los tribunales también tendrán que fijar fecha para celebrar, entre otros, el juicio por las supuestas irregularidades en la construcción del Museo Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa), que fue aplazado el pasado marzo por motivos de salud de uno de los acusados, y el del caso del yacimiento de Iruña-Veleia en Álava, por la presunta falsificación de unos grafitos.