Aparece muerto un preso de 23 años en la cárcel de Zaballa

Un preso de 23 años, vecino de Álava, apareció muerto el viernes, día 17 de julio, en su celda de la cárcel alavesa de Zaballa. El joven llevaba cuatro años en prisión, y corresponde a las iniciales L.F.B.C.

Desde la Asociación Salhaketa-Araba califican el hecho como una "tragedia evitable que engrosa las macabras cifras de personas muertas en prisión, la mayoría jóvenes que aparecen muertos por motivos no naturales en las cárceles españolas". Según la asociación, se trata de un hecho luctuoso, no notificado por Instituciones Penitenciarias, y representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles.

La asociación ha denunciado la sistemática política de ocultamiento de estas muertes, en el contexto de la epidemia de la Covid-19. Del mismo modo, ha criticado que no se facilite ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de estos jóvenes, en el seno de las instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas.

Salhaketa-Araba ha concretado, desde el punto de vista de la asociación, cuáles son las medidas que deberían tomarse para acabar con este tipo de muertes. En primer lugar, que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio estas muertes, la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos de las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.

Del mismo modo, piden que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en las que se han producido las muertes.

Asimismo, solicitan que se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder requerir las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia, así como el apoyo psico-social que se ha de prestar a las víctimas de la cárcel, al igual que al resto, ante el estado de shock que provoca la muerte de su familiar en prisión.

Por otro lado, piden que se desarrollen también las medidas de sustitución en fase procesal y suspensión condicional de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias dentro y, sobre todo, fuera de las prisiones, que han demostrado su mayor eficacia en la prevención y lucha contra el delito y contra las consecuencias que el actual cumplimiento de condenas tiene en relación con la violación de los derechos humanos, en especial, el de la vida, en las cárceles.

Exigen, igualmente, la inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, sobre todo, aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales, que en muchos casos suponen la inducción al suicidio.

Además, piden la inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional, que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad, y que contribuyen a disminuir la presión y el maltrato psicológico que sufren las personas presas.

Por último, solicitan la reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que, aunque no es el único, sí es uno de los motivos que influye en estas muertes, así como el cumplimiento de las condenas en el centro más cercano al lugar habitual de residencia.