Una multitudinaria manifestación recorre Igorre para protestar por la falta de una cocinera

Convocada por la asociación de madres y padres (AMPA) de la escuela pública Inazio Zubizarreta, una multitudinaria manifestación recorrió ayer, 26 de mayo, las calles de Igorre (Bizkaia) para denunciar los recortes realizados por el Gobierno Vasco en el servicio de comedor del centro. Más de 200 personas participaron en la marcha que terminó en el centro de la localidad.

Esta nueva acción de protesta, la tercera este mes, quiso denunciar la difícil situación que atraviesa el servicio de comedor que desde finales de abril cuenta con una cocinera menos. El Gobierno Vasco despidió a una de las trabajadoras e "impuso el servicio de catering a 15 niños y niñas", denuncia la AMPA.

El recorte obedece a la "política de contratación" del Departamento de Educación. En vez de crear vacantes para cubrir el número de puestos establecidos por ratio, ofrece contrataciones por un periodo determinado. Se da la circunstancia de que, según la normativa, esos contratos no pueden superar los seis meses y el servicio de comedor dura 10. De este modo, "el servicio difícilmente puede ser cubierto sin incurrir en un fraude de ley", han destacado.

"En un intento por aplacar las quejas de la comunidad educativa, Educación ha contratado recientemente a una limpiadora, aunque es evidente que este cambio no soluciona el problema", han concluido.

Un mes de protestas

La AMPA de la escuela de Igorre considera la medida "totalmente discriminatoria" y que "para nada" responde al estándar de calidad que debe tener todo servicio público. Así, ha anunciado que seguirá movilizándose hasta que se restablezca el servicio en su totalidad.

De hecho, esta es la tercera acción de protesta que han realizado este mes. En la primera, las familias sacaron el comedor a la calle, y 180 escolares almorzaron, tuppers en mano, en las inmediaciones del centro en una protesta festiva. En la segunda, realizaron una cacerolada en la participaron más de 150 personas. Además, se ha activado la vía administrativa, y 340 particulares han enviado una solicitud formal al Gobierno Vasco que aún no ha tenido respuesta.