Educación recurrirá la anulación del decreto de ordenación y planificación de centros no universitarios
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado, por carecer de una memoria justificativa, el decreto 30/2023, de 28 de febrero del Gobierno Vasco que modifica los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el País Vasco.
El Departamento de Educación ha anunciado ya su intención de recurrir la Sentencia.
Según ha informado, dicho decreto "viene a dar cumplimiento al mandato del Parlamento expresado en el Pacto Educativo".
Además, según Educación, el texto adelantaba numerosos aspectos que posteriormente quedaron recogidos en la Ley de Educación. Por esta razón, el Departamento ha defendido la "idoneidad" tanto del contenido del Decreto como de su tramitación, comprometiéndose a mantener esta postura en todas las instancias judiciales.
La sentencia emitida por el TSJPV no es firme, por lo que el Decreto de Planificación continúa en vigor, y mientras se resuelven los procedimientos judiciales, el Departamento de Educación avanzará en el desarrollo reglamentario derivado de la Ley de Educación. Entre sus prioridades, destacan "la redacción de un nuevo texto que incorpore los avances en planificación educativa previstos en la normativa".
Sentencia
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha estimado el recurso interpuesto por el sindicato Steilas y la confederación Ehige (asociación de padres y madres de la escuela pública vasca), y lo ha anulado por considerarlo "no conforme a derecho".
El Tribunal ha estimado que concurre el "vicio de nulidad" denunciado por los demandantes "al haberse prescindido de una memoria justificativa, cuyo trámite deviene esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias".
Steilas y Ehige recurrieron el decreto, promulgado en febrero de 2023, por entender que "iguala" la titularidad pública y privada de los colegios, lo que "contraviene" la legalidad.
Destacaron, además, que un informe jurídico del propio Gobierno Vasco establece que tanto el decreto como el anteproyecto de la ley de Educación "no se adecúan" a la legalidad al contener el concepto de "servicio público vasco de educación", lo que consideran un "subterfugio" para "equiparar" centros públicos y privados.
Las dos organizaciones que presentaron el recurso argumentaron, asimismo, que "se ha reducido" la participación de la comunidad educativa en el diseño del mapa escolar, lo que calificaron de "retroceso democrático" porque "impide" a los agentes "participar de forma activa en la elaboración de la oferta educativa".
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