Caso de las 'Herriko tabernas'
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Sortu: 'El fallo trata de escenificar una derrota política de la IA'

Según el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, el tribunal pretende "culminar la venganza del Estado". Los condenados ofrecerán este jueves a las 11:30 horas una rueda de prensa en San Sebastián.
18:00 - 20:00
Sortu cree que el auto trata de escenificar la derrota de la izquierda

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha asegurado hoy que la sentencia del caso de las 'herriko tabernas', que condena a varios de los actuales dirigentes de esta formación, trata de "escenificar una derrota política de la izquierda abertzale que la sociedad vasca niega por medio de las urnas". Los condenados ofrecerán este jueves a las 11:30 horas una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián.

Barrena ha comparecido de urgencia en la sede de Sortu de Donostia-San Sebastián, acompañado por la dirigente Maite Ubiria, para ofrecer la opinión de su partido sobre las condenas impuestas a 20 personas, entre ellos destacados militantes de esta formación, por financiar a ETA a través de las herriko tabernas.

El portavoz abertzale ha destacado que algunos de los condenados han pasado más tiempo en prisión preventiva por estas acusaciones que la pena impuesta hoy por la Audiencia Nacional.

A su juicio, este tribunal se ha erigido en la "vanguardia a favor del relato oficial" y pretende "culminar la venganza del Estado contra todos los que han formado parte de las sucesivas direcciones de la izquierda abertzale".

PNV

El EBB del PNV cree que la sentencia condenatoria es "un fallo judicial del pasado, sustentado en la excepcionalidad" y que tiene como base argumental la tesis de que "todo es ETA", criterios que la formación jeltzale no ha compartido "nunca".

Además, ha pedido que se superen "inercias del pasado" y se trabaje "por asentar la paz y la convivencia en Euskadi". El partido liderado por Andoni Ortuzar ha hecho público un comunicado en el que critica la resolución. Para el PNV, "el fallo judicial vuelve a ser un paso atrás en el proceso de normalización política que vive Euskadi".

Aralar

Ante la sentencia hecha pública en el día de hoy en el sumario conocido como el de las 'Herriko tabernas', Aralar ha mostrado su "desacuerdo total" con respecto a dicha resolución judicial.

"Siempre han sido injustas las leyes y sentencias que imputan responsabilidades penales por actuaciones exclusivamente civiles y políticas", ha explicado la formación en una nota.

Alternatiba

Por su parte, el portavoz de Alternatiba Asier Vega, ha valorado la sentencia denunciando "el enésimo ataque contra la paz y la normalización política, perpetrado por quienes se aferran al fantasma de un conflicto que pretenden seguir rentabilizando para siempre".

En este sentido, Vega ha interpelado al Gobierno de España preguntando "qué objetivos persigue el Estado engrosando la lista de políticos vascos en prisión".

EA

Eusko Alkartasuna ha denunciado que la sentencia tiene "un marcado carácter político, con la clara intencionalidad de generar dudas ante la opinión pública española del claro compromiso con las vías exclusivamente políticas de la izquierda abertzale, y negar cualquier avance en el nuevo escenario político abierto en Euskal Herria".

En un comunicado, EA ha destacado que la sentencia "es una clara constatación de que el Estado español no asume que Euskal Herria está en una nueva fase política, en la que la sociedad vasca apuesta decididamente por la consecución de la pacificación y normalización".

ELA

El sindicato ELA ha considerado "un despropósito y una vergüenza" la sentencia, de "marcado carácter político". ELA ha hecho público un comunicado en el que critica la resolución.

Según ELA, la sentencia, "de marcado carácter político, no pretende sino poner trabas al proceso de normalización política en nuestro país" y, en ese sentido, considera que, "además de injusta está alejada de la realidad".

Lokarri

Lokarri también ha manifestado su "total desacuerdo" con la sentencia en una nota. Lokarri ha denunciado la dilación del proceso: "El sumario se puso en marcha en 2002, han transcurrido 12 años en los que todas las personas juzgadas han visto condicionadas sus vidas y su actividad política".

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