Las Juntas de Gipuzkoa investigarán si hubo irregularidades en la AP-1

Las Juntas Generales de Gipuzkoa crearán una comisión para investigar las presuntas irregularidades en la construcción de la autopista AP-1 durante la pasada legislatura, al prosperar una proposición en este sentido con los votos favorables de Bildu, Aralar y PP, y la oposición de PNV y PSE-EE.

Las Juntas Generales (JJGG) del territorio han aprobado además por unanimidad que las sesiones de investigación de esta comisión sean públicas, durante el pleno monográfico celebrado esta mañana, que se ha desarrollado en un ambiente de tensión con cruces de reproches entre varios de los portavoces de los partidos.

La comisión que crearán ahora las JJGG investigará las presuntas responsabilidades políticas en este caso, de forma paralela a la instrucción que un Juzgado de Azpeitia está llevando a cabo, después de que la Diputación presentara una querella contra un exresponsable de Bidegi y dos de sendas empresas privadas a los que atribuyó presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos con relación a la construcción de la autopista AP-1.

Según los análisis efectuados por los actuales gestores de esta sociedad pública, esas tres personas estarían involucradas en el pago de 3,4 millones de euros de esa infraestructura por trabajos que no fueron ejecutados, una cantidad que se habría pagado en la liquidación final de las obras de la AP-1 en junio de 2011 cuando seguían en sus puestos los gestores del PNV.

El presunto fraude denunciado por la Diputación guipuzcoana está relacionado con un depósito de sobrantes de tierra, denominado Basagoiti-2, construido en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte (Epele) de la autopista AP-1, la que une Eibar con Vitoria-Gasteiz, y que fue inaugurada el 22 de mayo de 2009, y también con trabajos de traslado de tierras y excavaciones.

Durante el pleno, Bildu, Aralar y PP han defendido la necesidad de investigar las presuntas responsabilidades políticas de este caso "porque la sociedad tiene derecho a saber" qué ha pasado con este dinero público.

Por su parte, PNV y PSE-EE, se han mostrado favorables a conocer lo sucedido en este asunto, aunque se han acogido a los problemas de reglamento y plazos existentes para que esta comisión lleve a cabo sus trabajos con garantías, ya que el final de la legislatura se encuentra muy próximo y las JJGG se disolverán a finales de marzo.

Momentos de tensión

Por momentos, el debate ha alcanzado niveles de gran tensión dialéctica, el primero de ellos cuando el juntero de Bildu Iban Asenjo se ha preguntado si es "casualidad" que el nacionalista Josu Bergara, presidente de la ingeniería Eptisa Cinsa, "acusada -según ha dicho- por falsificación de planos", sea el exdiputado general de Bizkaia.

"¿Es casualidad que en esa ingeniería haya otro miembro del PSE-EE? ¿Cómo se entiende que políticos del PNV y del PSE-EE que no tienen ni experiencia ni formación relacionada con la actividad de esa empresa estén en su consejo de administración?", se ha preguntado Asenjo, quien se ha interrogado también sobre "si todo esto prueba lo que declaró el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, en las puertas del juzgado: es decir que hay convenios de Estado entre PNV, PSE y PP".

Durante su turno de intervención, el procurador socialista Julio Astudillo ha explicado que el representante socialista al que aludía Asenjo es Iñaki Dubreuil, herido en un atentado de ETA en 2001, a quien, según ha dicho, ETA "intentó sacar de este mundo" y quien, "según parece, Bildu tampoco quiere que esté en consejos de administración".