La Fiscalía pide abrir diligencias al presidente de Acciona por no acudir a la Comisión de Investigación de Navarra

La Fiscalía de Navarra ha pedido abrir diligencias José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, por no comparecer ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de la Comunidad, a pesar de ser llamado en dos ocasiones, una el pasado enero y otra en febrero. La Fiscalía considera que los hechos pueden revestir un posible delito de desobediencia y pide que se cite a Entrecanales como investigado.

El presidente de Acciona ha sido citado dos veces a comparecer en dicha comisión, en concreto los días 20 de enero y 9 de febrero, y ninguno de los dos días acudió a la sede del Legislativo navarro.

La comparecencia tenía por objeto informar sobre el conocimiento de Entrecanales acerca de licitaciones, adjudicaciones y procedimientos administrativos en los que hubiera participado Acciona en relación con obras realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra durante las cuatro últimas legislaturas; por ejemplo, las del túnel de Belate, donde Acciona concurrió en UTE con Osés Construcción y Servinabar, que según la UCO es en un 45 % del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Acciona envió al Parlamento a dos representantes de la compañía, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y al también directivo José Julio Figueroa, aunque no se les permitió intervenir ante la Comisión al no haber sido citados. También remitió un escrito a la Cámara considerando que "la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual", y afirmaba que la convocatoria "podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante".

No obstante, la Fiscalía considera que la incomparecencia de José Manuel Entrecanales "carece de justificación" ya que "había sido advertido expresamente por el propio Parlamento" de que ni su escrito de alegaciones ni la presencia de los dos directivos que envió la compañía "podían suplir su comparecencia personal".

El Ministerio Público cree que los hechos podrían constituir un delito contra las instituciones del Estado previsto en el artículo 502 del Código Penal y por ello ha solicitado al juzgado la apertura de un procedimiento penal.