Ley de Memoria Democrática
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Los juicios represivos del franquismo serán declarados nulos de pleno derecho

La nueva ley también prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotará al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes.
La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo
La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo. Foto: EFE

La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto ha aprobado hoy el Consejo de Ministros prevé declarar "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotar al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes.

La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, ha explicado en rueda de prensa que el nuevo texto plantea incorporar la memoria democrática al currículum educativo.

La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa.

Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo, y como se tardará "mucho tiempo" en aplicar se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo.

En esta línea, se incluye la atención a colectivos reprimidos por la dictadura como los gitanos o los homosexuales y se contará, ha dicho Calvo, con las asociaciones memorialísticas para su impulso.

Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un "texto urgente" porque la democracia "no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta" que va a permitir "homologar" la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos.

Respecto a entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir, ha señalado, asociaciones sostenidas con recursos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", como ya ocurre en otros países europeos.

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