El Constitucional no suspende la inhabilitación de Torra

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado suspender de forma urgente la ejecución de la sentencia que condenó al expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra a año y medio de inhabilitación, aunque sí ha admitido a trámite su recurso de amparo contra la resolución del Supremo.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Constitucional ha desestimado por unanimidad la medida cautelarísima planteada por la defensa de Torra que pedía dejar en suspenso la pena de inhabilitación que confirmó la Sala Segunda del Alto Tribunal.

La negativa a acordar la cautelarísima era lo más previsible habida cuenta de que su concesión es poco frecuente en el TC, que solo la acuerda en casos excepcionales y con penas leves.

En cambio, sí que ha admitido a trámite el recurso de amparo contra la sentencia que le condenó a año y medio de inhabilitación por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar una pancarta de apoyo a los presos del "procés" de edificios públicos en la campaña electoral del 28A.

Ambas decisiones se han tomado en un pleno monográfico para tratar las cuestiones de Torra, después de que el presidente, Juan José González Rivas, acordara que se revisara por los 12 magistrados, pese a que la defensa no interpuso un incidente de nulidad ante el Supremo, lo que hubiera dado pie a rechazar el amparo en el Constitucional por no haber agotado la vía jurisdiccional.

Pero los magistrados sí lo han admitido a trámite, de manera que ahora la defensa del expresidente tendrá que esperar a que el tribunal de garantías resuelva antes de ir a Europa, donde tienen depositadas todas sus esperanzas.

La defensa del expresident reclama en su recurso de amparo que, además de declarar nulas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2019 y la del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2020, se adopten las "medidas oportunas para restablecer" a Torra en sus cargos de presidente de la Generalitat y de diputado del Parlament de Cataluña.

Y alega una "urgencia excepcional", puesto que esta condena, además de despojarle de su cargo de presidente, le imposibilita a concurrir a cualesquiera procesos electorales mientras dure.