El Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía con la mayoría de los magistrados progresistas

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la Ley de Amnistía. 

Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha aprobado, tras cuatro días de deliberaciones, una sentencia que rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la norma y que descarta, al mismo tiempo, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

A la espera de conocer la resolución final, el tribunal ha aprobado el texto de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que avala en líneas generales la ley de amnistía salvo tres aspectos menores y al que se han introducido aportaciones de los magistrados que no modifican en lo sustancial el borrador que se elevó al Pleno. Entre ellas, la resolución añade que la ley no vulnera la normativa europea en materia de terrorismo ni tampoco la legislación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

Esta sentencia marcará la línea a seguir al resto de los 30 recursos que se están tramitando simultáneamente en el tribunal y que no se verán hasta después del verano, entre ellos la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.

La sentencia defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es "jurídicamente indiferente". 

Considera razonable la explicación del legislador para decretar el perdón y coherente con una política tendente a paliar los efectos del 'procés' y "a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones" impuestas, que favorezca una "mejora de la convivencia y de la cohesión social" en Cataluña.

Delito de malversación

Ahora bien, la resolución no afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont ni al exvicepresidente Oriol Junqueras ni al resto de líderes independentistas, a quienes el Tribunal Supremo no les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.

Esto es así porque la corte de garantías únicamente ha resuelto que la norma es constitucional, pero no entra en el ámbito de su aplicación, es decir, no aborda los casos concretos y eso significa que el Supremo, 'a priori', nada tiene que hacer tras el fallo.

Para los casos de Puigdemont y de los líderes independentistas habrá que esperar a los recursos de amparo, que no se resolverán antes de otoño.

Reacciones

Las reacciones a la decisión del TC no se han hecho esperar. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha calificado de "magnífica noticia" tanto para España como para la convivencia el fallo.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, el jefe del Ejecutivo español  ha reivindicado la política como "palanca" para la resolución de "conflictos muy difíciles" como el que se vivió en Cataluña.  A su juicio, con ello se está cerrando "una crisis política que nunca debió salir de la política". 

Asimismo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, se ha felicitado por el aval, que a su entender es un "broche a la apuesta del Gobierno por la convivencia". No obstante, ha recordado que no será completa hasta que no se aplique a todos los dirigentes del 'procés'. "La amnistía es legal, es constitucional, es legítima y ha sido útil ya, porque la normalización en Cataluña es ya una realidad", ha manifestado, en una comparecencia ante los medios en el Congreso.

Casi en los mismos términos, el presidente catalán, el socialista Salvador Illa, ha celebrado la noticia y  ha sostenido que "no tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley".  Ha afirmado textualmente que le duele que haya personas que no se haya podido beneficiar de la norma. "Pido a las autoridades judiciales pertinentes, especialmente al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero con claridad, que se les aplique esta ley con diligencia", ha dicho. 

El lehendakari, Imanol Pradales, cree que el aval del TC "reconduce la nociva dinámica de judicialización de la política" y devuelve a la "senda del diálogo, la negociación y el acuerdo" el conflicto político de Cataluña. Además, ha asegurado que es la vía que defenderán en Euskadi para "ensanchar" sus capacidades políticas y lograr "un nuevo marco de autogobierno".

Desde Sumar, Pablo Bustinduy ha afirmado que "es buena noticia que se corrija lo que no tenía que haber sucedido".  "Esto lo hizo un gobierno, el de Mariano Rajoy, que al mismo tiempo que estaba desmantelando el Estado del Bienestar y ensañándose con las mayorías sociales con sus malditas políticas de austeridad, no dudó en reprimir a un movimiento popular pacífico y en perseguir judicialmente a los líderes políticos de un proceso democrático y pacífico", ha añadido.

También ha aplaudido la noticia la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua. "Creo que puede ser el preludio a que termine este conflicto que se ha alargado innecesariamente demasiado tiempo y creo que hay que ir por ahí. Y es lógico pensar que el Constitucional le dé una opción afirmativa a esto y que realmente termine de solucionarse las cosas pendientes que hay también en este sentido", ha respondido a los periodistas en los pasillos del Congreso.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que el espíritu de la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso contemplaba la cuestión "en toda su dimensión", por lo que su constitucionalidad debería avalar "cualquier delito vinculado a la amnistía". Ha recordado que el PNV ha defendido siempre que "los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito político" y que judicializarlos es un "error".

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la amnistía es "ilegal", pese al aval del TC, y  ha vuelto a sembrar dudas sobre la imparcialidad del alto tribunal. “Esta sentencia está dictada por el mismo tribunal que ha indultado a los condenados por los ERE de Andalucía, invadiendo las competencias del Supremo (...) Es una vergüenza para cualquier demócrata ya que su promulgación fue un ejercicio de corrupción política", ha apuntado en una rueda de prensa en Bruselas.