¿Qué cambia en la UE con la nueva ley de libertad de medios de comunicación?

El nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, de cumplimiento obligado desde este mismo viernes, trae por primera vez a territorio europeo una ley para proteger a periodistas y medios de comunicación de presiones externas indebidas, salvaguardar los medios públicos y reforzar la transparencia de las empresas mediáticas.

Al tratarse de un reglamento, sus artículos son vinculantes para todos los estados de la UE sin necesidad de transposición, pero algunos de sus cambios requieren actualizaciones en las legislaciones estatales y no todos, incluyendo España, llegan a tiempo a la fecha clave de este viernes.

Estos son algunos de los puntos clave que se pondrán en funcionamiento gracias a la ley, conocida como EMFA por sus siglas en inglés.

Propiedad de medios y publicidad institucional

Los estados tendrán que crear registros estatales de medios con información sobre la titularidad de la propiedad de los medios (incluyendo a todo el que tenga un porcentaje de acciones como para llegar a influir en las decisiones editoriales), cuánta inversión publicitaria reciben y cuántos ingresos perciben de financiación pública extranjera.

En el Estado español lo gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y también deberán establecerse registros autonómicos.

El registro de un medio no será requisito obligatorio para su apertura, pero, en caso de que no se efectúe, se contemplan sanciones por parte de la CNMC. Además, será un elemento objetivo para recibir publicidad institucional.

También aumentará la transparencia sobre la publicidad institucional que las administraciones a diferentes niveles destinan a los medios de comunicación: tanto las empresas mediáticas como los entes públicos (incluyendo a nivel autonómico o local) deberán dar a conocer el presupuesto que reciben o destinan a ello, respectivamente.

Garantías para los medios públicos

La ley recoge también salvaguardias en defensa de la independencia de los medios públicos. A partir de ahora deberán fijarse por ley en cada estado de la UE los criterios para el nombramiento y cese de sus altos cargos, la duración de sus mandatos y una financiación suficiente para cumplir con su misión.

Inicialmente, la intención de Bruselas era que los presupuestos de los medios públicos pasaran a fijarse de manera plurianual para garantizar la estabilidad de sus proyectos y evitar que se usen como pieza de cambio en las conversaciones para aprobar los presupuestos generales de cada estado.

Sin embargo, las negociaciones posteriores rebajaron la ambición a que la asignación pública a estos medios deba ser "previsible y sostenible". Esta es una de las provisiones que en España aún no se ha desarrollado en ley.

Protección de los periodistas ante el espionaje

Uno de los grandes escollos de las negociaciones fue el intento de incluir una cláusula que hubiera abierto la veda a espiar a periodistas o sus fuentes si se alegaban motivos de "seguridad nacional".

Finalmente, la ley hace una mención general a "respetar las responsabilidades de los Estados miembros" en este ámbito y recoge que los periodistas que se vean afectados por esta excepción tendrán que ser plenamente informados de las medidas adoptadas contra ellos y dispondrán de recurso judicial.

La nueva norma prohíbe, además, presionar a los periodistas o medios de comunicación para obligarles a revelar sus fuentes.