La institución Príncipe de Viana da luz verde a la reforma del Monumento a los Caídos de Pamplona

La institución Príncipe de Viana ha emitido un informe favorable a la modificación de la protección del Monumento a los Caídos de Pamplona, un paso considerado clave para su resignificación como espacio de memoria y convivencia.

La resolución responde a la solicitud del Ayuntamiento de Pamplona, que el pasado 5 de junio aprobó inicialmente una modificación puntual del Plan Municipal.

El objetivo es reducir el grado de protección del cuerpo central del edificio —de nivel 2 a nivel 3— y eliminar la protección de las arquerías laterales, la cripta y otras dependencias en sótano, para posibilitar una intervención integral de resignificación simbólica y funcional.

El informe de Príncipe de Viana detalla que, con la nueva catalogación, se permitirá actuar en el exterior de la cúpula —incluida la eliminación de cruces o templetes y la incorporación de nuevos revestimientos o elementos artísticos—, al tiempo que se garantiza la conservación de las pinturas murales interiores, que podrán ser ocultadas sin destruirse para su posterior estudio y difusión.

La decisión se apoya en la Ley Foral que modificó la normativa de memoria histórica para incluir una disposición específica relativa al monumento. Dicha ley obliga a su resignificación, limita sus usos a fines educativos y de memoria democrática, y establece la retirada de elementos de exaltación franquista.

En este sentido, el informe subraya que incluso tras las exhumaciones realizadas y la retirada de simbología, el edificio seguía transmitiendo un mensaje de "propaganda totalitaria".

El expediente ha contado con distintas valoraciones técnicas. El Servicio de Patrimonio Histórico había recomendado mantener la protección actual del conjunto por su coherencia arquitectónica, al tratarse de un proyecto unitario de José Yárnoz y Víctor Eusa construido entre 1941 y 1952.

Sin embargo, Príncipe de Viana recalca que el análisis no puede limitarse a criterios formales, sino que debe incorporar la dimensión simbólica, histórica y social, en coherencia con la legislación de memoria y derechos culturales.

En este marco, la Dirección General de Memoria y Convivencia emitió un informe el 21 de agosto en el que valoró positivamente la propuesta del Ayuntamiento. Entre las actuaciones previstas figuran la demolición de la cripta y de las arquerías exteriores, la retirada de placas e inscripciones franquistas aún presentes y la ocultación parcial de la cúpula, medidas que considera coherentes con la ley y compatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El documento de Príncipe de Viana recuerda además que el patrimonio cultural no se concibe ya como un conjunto inmutable de bienes formales, sino como un proceso social en "constante reinterpretación".

La resolución concluye que la modificación solicitada es jurídicamente viable y cumple con el mandato normativo de resignificación, al posibilitar la retirada de simbología franquista, la redefinición de usos y la transformación del espacio hacia fines educativos y cívicos. No obstante, advierte de que corresponderá al departamento competente en materia de cultura establecer en el futuro las medidas necesarias para garantizar la coherencia con los principios de conservación y memoria democrática.

La resolución de Príncipe de Viana puede ser recurrida en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses.

El siguiente paso será la aprobación del informe en el Pleno del Ayuntamiento, mientras el Comité de Expertos continúa trabajando en el proyecto memorialista.

En torno al futuro del edificio, EH Bildu, PSN y Geroa Bai alcanzaron un acuerdo por el que se descartó el derribo y se apostó por la resignificación. Sus socios de gobierno de Contigo-Zurekin han sido muy críticos con el acuerdo, ya que son partidarios del derribo.