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El Gobierno español aprueba el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria

Tipifica este tipo de violencia machista como un delito contra la integridad moral de las mujeres con penas de prisión de hasta tres años.
FOTODELDÍA MADRID, 30/09/2025.-  La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. EFE/Rodrigo Jiménez
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. Foto: EFE

El Gobierno de España ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y reconoce como víctimas no solo a los hijos e hijas menores, también a familiares y parejas de las mujeres.

El texto, primera ley integral sobre esta cuestión, define la violencia vicaria como "aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes", personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima.

Introduce en el Código Penal un nuevo artículo que tipifica la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral de las mujeres con penas de prisión de seis meses a tres años, y también incluye la pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes y evitar así que se repita lo que sucedió con el asesino José Bretón y el libro El odio.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado que esta ley vuelve a poner a España "a la vanguardia de las políticas de defensa de la igualdad" cuando la violencia machista sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad.

Redondo ha indicado que la futura norma nace con tres objetivos: proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con "estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan inconcebibles"; definir y tipificar la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico; y desarrollar el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge alrededor de 40 medidas de este tipo de violencia de género.

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