Las defensas de los acusados en el caso Kitchen piden anular el juicio por una instrucción errónea
Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro español del Ministerio de Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.
En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.
El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.
Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.
Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.
También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.
Villarejo denuncia una investigación prospectiva
El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.
Te puede interesar
El Gobierno español cree factible el traslado de 500 niñas a la Península "en pocas semanas"
El área de Juventud e Infancia afirma que lleva una semana trabajando en este asunto con las autoridades de Ceuta y que redactará una propuesta concreta.
Laborda urge la necesidad de la ronda sur, la variante y el tercer carril de la AP-8 en Irun
En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha destacado que las carreteras tardan muchos años en construirse y que hay decisiones que debería haberse tomado hace 20 años.
Gipuzkoa exige al Gobierno de España un "plan estructural" para la acogida de menores migrantes
La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha insistido en que "no puede ser que se improvise de nuevo una solución".
Chivite pide "poner humanidad a la política" ante la situación de las personas menores que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido que se deje de "deshumanizar" la situación de los niños y niñas que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento familiar. Tras recordar la "extrema vulnerabilidad" de los menores, Chivite ha reafirmado que Navarra cumplirá con sus obligaciones de acogida solidaria y ha apelado a que el resto de comunidades autónomas hagan lo propio ante las responsabilidades legales existentes.
La alcaldesa denuncia la “soledad” de Irun ante el tráfico fronterizo y el Gobierno Vasco señala a Francia
La situación en Irun ha provocado un cruce de reproches entre las instituciones después de los problemas de tráfico registrados durante la última semana. La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, ha defendido las gestiones realizadas por la Ertzaintza y ha señalado a las autoridades francesas como responsables de agilizar el tráfico en la frontera.
El Gobierno Vasco insiste en la necesidad de que los menores que están solos en Ceuta retornen con sus familias
Lakua ha pedido al Gobierno español que agote todas las opciones para ello, antes de repartir a estos menores migrantes por las comunidades autónomas.
Navarra "cumplirá" el reparto de menores pero "no pagará la insolidaridad" de otras comunidades
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez ha señalado que "cumplirá con la normativa" y acatará el reparto y acogida de los menores migrantes no acompañados llegados desde Ceuta, pero "no va a permitir que la Comunidad foral pague la insolidaridad y el incumplimiento normativo de otras Comunidades Autónomas".
El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de 500 niñas migrantes de Ceuta
El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. El Ministerio de Juventud e Infancia estudia que organizaciones de protección de menores se hagan cargo de su acogida en recursos adaptados, sin necesidad de transferir su tutela a las comunidades autónomas.
Bilboko Konpartsak y Sare reclaman que la Aste Nagusia 2027 se celebre "sin presos ni represaliados vascos"
La red ciudadana Sare y Bilboko Konpartsak han convocado para el 28 de agosto, en plena Aste Nagusia, Etxera Eguna, con la celebración de una manifestación para reclamar "el regreso a casa de los presos, huidos y deportados vascos", y una comida popular. Asimismo, han fijado como objetivo que las fiestas de 2027 sean las primeras sin presos ni represaliados.
El Gobierno Vasco insiste en el retorno de menores migrantes de Ceuta con sus familias y, si no es posible, acogerles
El director de Infancia, Txema Ezkerra, considera "inadmisible" que se incumpla la Ley por comunidades en las que está cuestión la gestiona Vox y pide al Estado que actúe.