Montoro defiende la autonomía económica y política de las comunidades
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha trasladado este miércoles a las CCAA gobernadas por el PP su convencimiento de que "un estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit". En una reunión informal preparatoria para el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del martes que viene, el ministro ha tratado también la "posibilidad" de sancionar a las comunidades que no cumplan con el objetivo de déficit público.
Todo ello, según una nota del PP, al tiempo que reafirmaba "el pleno respeto" del Patido Popular a la autonomía económica, política y financiera de las autonomías. Montoro matiza así las declaraciones del ministro De Guindos, en las que anunciaba una ley para el control previo del Gobierno a los presupuestos de las comunidades.
Además, el ministro de Hacienda ha explicado a los asistentes que la subida de impuestos supone una inyección de recursos adicionales para las CCAA y ayuntamientos. Por su parte, las comunidades autónomas se han comprometido con el déficit público y el equilibrio presupuestario, "así como con las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo".
Este jueves, Montoro trasladará las reflexiones al resto de las CCAA.
Barajan congelar las aportaciones del Gobierno
El Gobierno está estudiando la posibilidad de que la ley de estabilidad presupuestaria, que desarrollará la reforma de la Constitución aprobada el pasado verano, recoja sanciones a aquellas comunidades autónomas que incumplan el techo de déficit y gasto. En concreto, baraja la idea congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea. Así lo ha desvelado en una conversación informal con periodistas el propio ministro Cristóbal Montoro.
Se prevé que el proyecto legislativo llegue en las próximas semanas a la Cámara Baja. La idea del acuerdo era fijar por ley en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas para el año 2020.
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