Los jueces de Portugal tumban los recortes: ¿Podría darse en España?
La decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de declarar ilegales e inconstitucionales algunas de las medidas de ajuste aprobadas para cumplir las exigencias de su rescate ha puesto en un grave apuro al Gobierno de Pedro Passos Coelho, que deberá buscar ahora nuevas alternativas de ahorro para evitar otro rescate.
En España, el Sindicato de Funcionarios (CSI-F) ha mostrado su satisfacción por la decisión Constitucional portugués de anular el recorte de las pagas extraordinarias y ha pedido al Gobierno español que devuelva la "confiscada" a los empleados públicos en diciembre.
En la misma línea, el PSOE ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy debería "tomar nota" del "varapalo" que ha recibido el Ejecutivo de Lisboa al ser obligado a devolver la extra.
Pero, ¿podría suceder algo semejante en España? El abono de la paga extra a los trabajadores públicos es también uno de los asuntos en manos de los tribunales en el Estado español.
Después del recurso de inconstitucionalidad planteado por los trabajadores de la empresa pública Cetarsa, la Audiencia Nacional tiene dudas y ha preguntado al Constitucional si esta medida de ajuste vulnera la ley fundamental. La decisión afectará al personal laboral y no a los funcionarios.
Tras la admisión a trámite del recurso del Gobierno central, el Constitucional deberá ratificar también la suspensión de la paga extra a los funcionarios vascos, o en su caso levantar la suspensión del pago. El TC tendrá que aclarar si el Ejecutivo de Madrid ha invadido competencias del Gobierno Vasco.
Hay más medidas de ajuste del Gobierno de Rajoy pendientes de resolución judicial. Es el caso, por ejemplo, de los recursos presentados por varios grupos de la oposición en el Congreso ante el Constitucional contra la no revalorización de las pensiones, una actualización del IPC con la que el Gobierno se ha ahorrado 3.800 millones de euros.
También en manos de este tribunal está el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía contra la implantación de las nuevas tasas judiciales.
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