Urkullu plantea a la oposición pactar la fiscalidad y nuevos ingresos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha planteado a los partidos de la oposición un acuerdo que implica acometer la reforma de la fiscalidad en Euskadi y la lucha contra el fraude, así como acordar el destino de los posibles nuevos ingresos que eventualmente puedan lograrse en el curso del presente ejercicio económico.

Este es la principal propuesta contenida en el documento "Bases para propiciar que la Comunidad Autónoma de Euskadi disponga de Presupuestos Generales en el ejercicio 2013", que el lehendakari ha trasladado a todos los partidos de la oposición, y al que ha tenido acceso EiTB.

El documento, de 17 folios, recoge una serie de compromisos cuya finalidad es "establecer unas bases para el Acuerdo que supongan un mínimo común denominador" que propicie la aprobación de los Presupuestos vascos de 2013. El Gobierno Vasco considera fundamental sacar adelante la Ley Presupuestaria, para lo que ha plasmado en este documento su propuesta para el acuerdo.

Junto al compromiso para reformar la fiscalidad y luchar contra el fraude, dos de las exigencias del PSE-EE para lograr un acuerdo presupuestario, el documento también plantea acordar de forma consensuada el destino de los recursos adicionales "si los hubiere", llegar a compromisos en materia de políticas públicas compartidas, pactar la reforma y la reestructuración del sector público vasco, así como acordar compromisos más concretos durante el trámite de las enmiendas parciales.

El documento ha sido trasladado al PSE-EE, PP, EH Bildu y UPyD, y de momento ningún partido ha dado una respuesta positiva. El PP, a través de su presidente, Antonio Basagoiti, sí se ha mostrado dispuesto a buscar un punto de entendimiento.

El Gobierno Vasco expone con crudeza la situación económica y la previsión para el presente año, que se presenta "con un perfil profundamente negativo" atendiendo a las principales variables macroeconómicas.

Además, el Ejecutivo lanza una advertencia en torno a la principal controversia suscitada en esta fase de la negociación, la relativa al capítulo de ingresos. Así, el Gobierno advierte que "cualquier reforma del sistema tributario vasco que pueda llevarse a cabo este ejercicio tendrá sus frutos en el ejercicio siguiente y, desde los gastos, cualquier política pública que se planifique este año tendrá su reflejo económico y presupuestario en, como mínimo, el venidero".

Fiscalidad y lucha contra el fraude

El documento de mínimos plantea acometer un Plan Marco de lucha contra el Fraude fiscal así como reformar el IRPF y el Impuesto de Sociedades, reclamaciones ambas que han sido planteadas con insistencia tanto por el PSE-EE como por EH Bildu.

Con respecto al IRPF, el Ejecutivo de Urkullu plantea su revisión de acuerdo a los criterios de "equidad, progresividad, neutralidad, transparencia y simplificación, así  como el establecimiento de un mayor  equilibrio entre todos ellos". Con respecto al impuesto de sociedades, el Gobierno plantea tener en cuenta la actual situación de crisis económica, por lo que propone mantener los incentivos que realmente sean dinamizadores de la actividad económica, suprimir aquellos que no cumplan con ese objetivo así como la introducción de nuevas medidas dirigidas al fomento de la capitalización empresarial y la internacionalización.

Del mismo modo, junto a los dos principales impuestos, el Gobierno Vasco abre la puerta a revisar otras tasas impositivas, como el impuesto de Sucesiones y donaciones, así como el de Transmisiones patrimoniales. Junto a ello, se apunta a la posibilidad de crear nuevas figuras impositivas tales como gravar el juego, los depósitos de las entidades de crédito o los nuevos impuestos creados al amparo de la normativa sobre sostenibilidad energética.

Nuevos ingresos y "redimensionamiento" de la Administración

El documento planteado a la oposición dispone la posibilidad de acordar "si los hubiere" el fin de los posibles nuevos ingresos. El Gobierno Vasco entiende que una posible relajación del límite de déficit por parte de la Comisión Europea (CE) tenga una repercusión positiva en los recursos disponibles. De producirse esta situación, el Ejecutivo de Urkullu plantea pactar la asignación de estos recursos adicionales con los grupos que suscriban este acuerdo.

Junto a estos compromisos, el documento abre la puerta a pactar las políticas públicas –planes de competitividad y apoyo a la actividad económica y al empleo--, y plantea un compromiso para reformar y reestructura la Administración vasca. Este último punto, la reforma del sector público vasco, es una demanda en la que el Partido Popular y UPyD han puesto especial énfasis.

El texto indica que el Gobierno Vasco plantea aprobar un "plan de redimensionamento" de la Administración pública, un plan que sería pactado con aquellos grupos que firmaran el acuerdo.

Finalmente, el Ejecutivo de Urkullu asume que, de llegar a un acuerdo con alguno de los grupos de la oposición, tendrá que negociar cuestiones y partidas concretas durante el proceso de trámite de las enmiendas parciales.