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El Parlamento Vasco pide otra vez al Congreso una ley para las víctimas del amianto

Es la tercera vez desde 2016 que el Parlamento Vasco, de forma unánime, pide al Congreso de los Diputados que apruebe la creación de un fondo estatal para compensar a las víctimas de esta sustancia.
Sesión en el Parlamento Vasco.
Sesión en el Parlamento Vasco / Foto: EFE.

El Parlamento Vasco volverá a plantear al Congreso de los Diputados, por tercera vez en los últimos años, la aprobación de una ley para crear un fondo estatal para compensar a las víctimas del amianto, un material cancerígeno que ha causado numerosas muertes y graves enfermedades a las personas que han permanecido expuestas a él.

Este nuevo emplazamiento ha sido aprobado de forma unánime por todos los grupos de la Cámara vasca (PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP), a través de la misma iniciativa legislativa que ya trasladó en 2016 y 2017 a las Cortes Generales.

Tras los dos primeros intentos de aprobar una ley estatal sobre esta cuestión, que resultaron fallidos por motivos procedimentales y de plazos, el pleno del Parlamento realiza ahora un nuevo intento.

El texto, aprobado por unanimidad y sin que los grupos hayan entrado a debatir, destaca que entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto. Esta sustancia, que hace años era muy utilizada en la construcción y en la industria, ha sido prohibida debido a su carácter cancerígeno.

Por ese motivo, el Parlamento reclama que se cree un fondo estatal para indemnizar a las víctimas del amianto, con el fin de "reparar el perjuicio" sufrido por aquellas personas que hayan sufrido daños por la exposición a esta sustancia.

"Aliviar" a las víctimas

La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, algunos de cuyos representantes han asistido a la votación, ha expresado su deseo de que, en esta ocasión, la solicitud para la creación de un fondo estatal "sea escuchada".

Este colectivo ha destacado que un instrumento de este tipo serviría para "aliviar" la situación de las víctimas del amianto y de sus familias, ya que contribuiría a acabar con los "largos procesos judiciales" para reclamar compensaciones y "ampararía" a las personas que, por distintos motivos, "no tienen a qué empresa reclamar".

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