Los inquilinos vulnerables en alquiler social no pagarán hasta junio

El Gobierno Vasco ha decidido exonerar de manera extraordinaria y temporal del pago del alquiler y de los gastos de comunidad, hasta el mes de junio, a los inquilinos del parque público de alquiler protegido que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica generada por la pandemia del coronavirus.

A través de una orden del consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, el Gobierno Vasco se hará cargo del pago de los alquileres mediante el Fondo COVID-19 y para ello destinará un total de 2,5 millones de euros.

A esta medida se podrán acoger todas aquellas personas que se queden en paro como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria y los autónomos o empresarios que sufran una pérdida sustancial de los ingresos o una caída de las ventas igual o superior al 40 %.

Para considerar que se da la situación de vulnerabilidad económica, el importe de la renta que debe ser abonada más los gastos de comunidad tendrán que ser superiores al 30 % de los ingresos anuales de la persona o unidad convivencial arrendataria calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial.

La exoneración se aplicará por meses completos a las rentas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020 y el plazo para presentar las solicitudes concluirá el 31 de mayo próximo o, en  su caso, un mes después de la finalización del estado de alarma.

Se deberán declarar de forma expresa en la solicitud los ingresos del conjunto de los miembros de la unidad familiar correspondientes a los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 y los relativos al mes en el que se presenta la solicitud.

Los trabajadores por cuenta ajena deberán indicar en su solicitud la empresa en la que trabajan, el sector de actividad económica que corresponde a dicha empresa y el día en el que se ha iniciado la situación de desempleo, mientras que los autónomos y empresarios tendrán que precisar en su declaración el sector económico en el que desempeñan su actividad.

Cuando se trate de autónomos o empresarios, el Gobierno Vasco contrastará que el solicitante está efectivamente dado de alta en el sector de actividad indicado y que este se encuentra incluido en el listado de actividades cuya apertura al público queda suspendida por el estado de alarma.

Las medidas de exoneración podrán ser aplicadas por Visesa, la sociedad pública del Gobierno Vasco, y por otros agentes públicos y privados titulares de viviendas y alojamientos dotacionales en la comunidad autónoma, que las tengan cedidas en alquiler bajo cualquiera de las fórmulas de protección vigentes.

En estos casos, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda abonará a aquellas entidades que se hayan acogido a esta posibilidad las cantidades correspondientes a las rentas que acrediten haber exonerado.

El Gobierno aprueba ayudas de alquiler y suspende desahucios en beneficio de 500.000 familias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas en materia de alquiler que beneficiará a unas 500.000 familias vulnerables y que contempla la suspensión de los desahucios durante seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por importe de 700 millones de euros, entre otros.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, en la que han detallado las nuevas medidas del plan de choque del Ejecutivo contra el impacto económica del Covid-19.

Iglesias ha destacado que las medidas buscan ofrecer seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de la crisis y ha subrayado las medidas para ofrecer el "derecho constitucional" de la vivienda, un bien "más imprescindible" ahora al ser la "trinchera" desde la que los ciudadanos se protegen del virus, tras pedirles que permanezcan en casa para evitar contagios.

En concreto, se ha aprobado la suspensión de lanzamientos sin alternativa habitacional hasta que se cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma para que "nadie se quede sin casa durante la crisis", así como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitacional para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19.

Además, ha indicado que, conforme al real decreto-ley aprobado, quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.

A su vez, se recoge una definición "muy amplia" de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse al sistema, sumado a facilidades para devolución de los mismos créditos, lo que permitirá que un "gran número" de personas con dificultades puedan acogerse, como por ejemplo los parados, los trabajadores inmersos en ERTE o reducción de jornada o autónomos con ingresos reducidos como consecuencia del Covid-19.