Bilbao tiene 4000 viviendas vacías, pero solo 1200 susceptibles de sacar al mercado

Bilbao cuenta con unas 4.000 viviendas privadas vacías, pero solo entre 1200 y 1500 son susceptibles de poder sacar al mercado del alquiler, según datos facilitados por Jon Bilbao, concejal del área de Vivienda, que ha asegurado que el Ayuntamiento bilbaíno apuesta por la colaboración público-privada para incrementar el número de vivienda en alquiler público, porque, de lo contrario, "es imposible ir al ritmo que se necesita" para cubrir la demanda, porque "los recursos son los que son, y la vivienda no es lo único que hay que atender".

El pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao ha debatido una moción de EH Bildu que instaba al equipo de gobierno a la puesta en marcha de un plan que tenga por finalidad el establecimiento de "aquellas políticas que sean necesarias para ampliar el parque público de vivienda en el ámbito de sus competencias", y al Gobierno Vasco a "establecer medidas urgentes que incidan en la regulación del precio del mercado del alquiler de la vivienda privada".

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno que insta a "seguir trabajando en la necesaria ampliación del parque de vivienda pública y en la mejora de la calidad del mismo", así como a seguir colaborando con el resto de administraciones "en cuanto a la regulación de alquileres y demás disposiciones que pudieran legislarse en materia de vivienda, dentro del ámbito de sus competencias".

En la defensa de su iniciativa, la edil de EH Bildu Alba Fatuarte ha señalado que "los elevados precios de la vivienda en alquiler, sumados a la precariedad laboral creciente sobre todo entre las mujeres y las personas jóvenes, han pasado a ser un problema social de primer orden en Bilbao", que con la crisis del coronavirus, "se va a agravar porque muchos de los pisos de uso turístico están ya emigrando al mercado de alquiler clásico".

En ese sentido, ha advertido que esto "va a producir una nueva burbuja en el ya de por sí inflado mercado de la vivienda de alquiler en Bilbao, porque estas viviendas se están ofertando a precios desorbitados y además se están exigiendo unas condiciones de acceso abusivas".

Tras defender que "para poder vivir en una sociedad más justa y cohesionada, tenemos que recuperar la función social de la vivienda, que sea un derecho fundamental", ha dicho que, "ante la peor crisis socieconómica del siglo a la que nos vamos a enfrentar, no podemos permitir que vuelva a pasar lo que ocurrió con la crisis de las hipotecas".

"Ahora tenemos que ser capaces de ver que el problema de la vivienda se ha trasladado al mercado del alquiler, y ahora, la justicia social pasa por aumentar la oferta de alquiler distribuida por barrios", ha manifestado, para denunciar que, en cambio, "lo que vemos es que no hay política de vivienda municipal más allá de la gestión de un parque público heredado de 4000 viviendas, con muy pocos nuevos arrendamientos al año, y mientras tenemos más de 9000 demandantes a la cola".

Fatuarte ha recordado que "hay documentos de viviendas municipales donde se hablaba de una previsión de aumentar el parque a 6000 viviendas, pero este Ayuntamiento lleva años incumpliendo sus propias previsiones", por lo que ha considerado que "ya es hora de hacer una inversión importante para alcanzar ese objetivo".

No obstante, ha dicho que "con esto no es suficiente, porque el mercado privado no se va autorregular, y menos, teniendo en cuenta la cantidad de mercado sumergido y la falta de control que existe". Por eso, ha afirmado que, en estos momentos, "la justicia social también pasa por regularizar y limitar los precios del mercado privado alquileres en Bilbao".

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha advertido de que la pandemia del COVID-19 "está contribuyendo a agravar una situación que por desgracia ya existía de antes, pero que ahora se está convirtiendo en una auténtica emergencia social habitacional", y ha considerado "urgente" que se adopten medidas concretas para "asegurar el derecho a una vivienda digna a todas las personas y para disponer de un parque de vivienda municipal de alquiler que responda a las demandas reales".

Por eso se ha mostrado de acuerdo en poner en marcha un plan para establecer las políticas necesarias para al ampliación del parque público de vivienda de alquiler y que este plan cuente con otro plan de inversiones de Viviendas Municipales, pero ha considerado "imprescindible que este plan este vinculado a un compromiso real de financiación".

En ese sentido, ha añadido "la obligación de vincular específicamente una parte proporcionada, de al menos el 50%, de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo de uso residencial, así como de los recursos que el Ayuntamiento de Bilbao obtenga por su venta o disposición, destinados a reforzar y ampliar el parque de vivienda protegida en régimen de alquiler social".

Desde el PP, el concejal Carlos García ha rechazado que se "criminalice" a los bilbaínos que "durante años han estado ahorrando, pagando su hipoteca y metiendo su dinero en su vivienda". A su juicio, "criminalizarles, limitarles, castigarles e imponerles es un grave error". A su entender, "la base para recudir el precio del alquiler es que salgan al mercado más viviendas en alquiler y, para eso, es fundamental proteger a los propietarios para que estén seguros cuando saquen al mercado su vivienda".

Tras considerar "un acierto" la iniciativa de Viviendas Municipales de ofrecer a sus inquilinos en alquiler adquirir sus pisos en propiedad, García ha considerado que "se debe impulsar la construcción de nuevas viviendas", pero ha dicho que no comparten "el que haya que limitar y obligar".

"Las personas que tienen dificultades para abordar el pago de alquileres y acceder a la vivienda necesitan apoyo desde el Ayuntamiento, pero también hay que apoyar y respaldar a los propietarios para que se animen y puedan sacar sus viviendas al mercado, con garantía de que no van a ver su renta impagada y su piso destrozado", ha demandado.